En ninguna parte esto es más evidente que en los esfuerzos recientes, impulsados por Estados Unidos, primero bajo la administración Trump y continuados bajo el presidente Biden, para buscar la normalización entre Israel y el mundo árabe. Si bien en muchos sentidos esta normalización debería haberse hecho hace mucho tiempo, ha sido premisa sobre la noción de que los incentivos económicos –y un interés de seguridad regional compartido para disuadir la influencia maligna iraní– pueden integrar a Israel, con ocupación indefinida y todo, al mundo árabe.
Esta premisa ha sido destrozada –probablemente intencionalmente por parte de Hamas– por el conflicto de Gaza y su rápido rearranque de la causa palestina en un escenario global. Por mucho que Estados Unidos, Israel y líderes árabes como el gobernante de facto de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quisieran enmarcar la seguridad en términos pragmáticos, de nación a nación, las poblaciones árabes todavía cuidar profundamente sobre el destino de los palestinos. A medida que las muertes de civiles en Gaza y Cisjordania continúan aumentando, está claro que cualquier tipo de acuerdo de normalización saudita con Israel que no incluya también avances sustanciales en una solución política para la causa palestina será difícil avanzar.
La asistencia militar estadounidense a Israel en los últimos años no sólo ha ignorado el contexto de la política regional sino también el marco en el que Estados Unidos se basa para considerar las preocupaciones de derechos humanos en todos los demás lugares donde brinda dicha asistencia. Según las leyes Leahy, Estados Unidos tiene prohibido brindar asistencia de seguridad a cualquier unidad que esté acusada de manera creíble de haber cometido una grave violación de los derechos humanos. A diferencia de casi todos los demás beneficiarios, que son examinados de esta manera antes de recibir asistencia, para Israel el proceso se invierte: Se proporciona asistencia y luego Estados Unidos espera recibir informes de violaciones, evaluando su credibilidad a través de un proceso conocido como foro de investigación de Israel Leahy, que incluye consultas con el gobierno de Israel.
Hasta la fecha, el foro nunca ha llegado a un consenso sobre que alguna unidad o soldado de las fuerzas de seguridad israelíes haya cometido una grave violación de los derechos humanos, a pesar de las conclusiones de organizaciones internacionales de derechos humanos que indiquen lo contrario. Esto va en contra de los valores estadounidenses (y posiblemente de las leyes); Además, el hecho de que Estados Unidos no imponga responsabilidades a Israel por tales violaciones puede brindarle a Israel una sensación de impunidad, aumentando la probabilidad de violaciones graves de los derechos humanos (incluidas las cometidas por los colonos contra civiles palestinos) y rompiendo aún más la confianza entre Israel y los palestinos. eso sería necesario para cualquier tipo de paz duradera.
Mientras tanto, los esfuerzos liderados por Estados Unidos para reforzar la Autoridad Palestina a través de sus fuerzas de seguridad tampoco han conducido a ninguna parte, a pesar de las mejores intenciones. Este proyecto, una consecuencia del memorando de Wye River de 1998 y la hoja de ruta para la paz de 2003, tenía como objetivo permitir a Israel un socio de seguridad en el que pudiera confiar. En años más recientes, el esfuerzo se ha centrado únicamente en la Autoridad Palestina.
