Ciudad de México. Organizaciones civiles lanzaron una acción urgente para exigir que los gobiernos federal y del estado de Guerrero instrumenten de manera inmediata un operativo de protección y seguridad en las comunidades indígenas de la región Montaña Baja, pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (Cipog-EZ), que se encuentran bajo ataque armado por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos.
Señalaron que las familias denuncian que “alrededor de 800 personas fueron desplazadas de las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán y que durante los últimos días el grupo armado asesinó a por lo menos cinco personas de las comunidades, quemó viviendas, asesinó animales y sembró terror en la región”.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Misión Civil de Observación-Sexta, urgieron detener los ataques armados y el uso de drones explosivos, así como garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas.
Igualmente que se realicen acciones urgentes de búsqueda y protección de personas desaparecidas o retenidas; investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques; y garantizar condiciones de retorno seguro para las familias desplazadas.
Refirieron que desde el 2015, estas comunidades han estado bajo el asedio del crimen organizado, el cual busca generar terror en la población para desarticular la organización comunitaria y su sistema de seguridad y justicia indígena. “En 11 años, hemos documentado por lo menos 76 asesinatos y 25 desapariciones. Por su parte, el Estado mexicano ha mostrado una actitud de completa indiferencia frente a la desesperación de los pueblos indígenas”.
Indicaron que de acuerdo con denuncias de pobladores desplazados, actualmente “se han registrado varios ataques armados en las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán”. Además, ahondaron, el 9 de mayo pasado integrantes del grupo criminal ingresaron a la comunidad de Alcozacán.
“Comenzaron a atacar a la población civil —incluyendo a mujeres y niños— con drones y armas de alto calibre”, y advirtieron que hasta la emisión de esta Acción Urgente, los ataques continúan en las comunidades y en el lugar donde se encuentran refugiadas las personas desplazadas.
Las organizaciones subrayaron que las comunidades también han denunciado “la ausencia total de una intervención efectiva por parte de autoridades estatales y federales. Aunque había algunos elementos del ejército destacados en las comunidades, estos no actuaron para proteger a la población civil, sino que se limitaron a tomar fotos. Pese a la gravedad de los hechos y a más de cinco días continuos de ataques, no han llegado elementos suficientes” de militares ni de la Guardia Nacional.
