El Ayuntamiento debería estar a dos años de garantizar una alimentación 100% libre de venenos en la red pública, pero en 2023 sólo se destinó el 4% del presupuesto a este fin
Imagina si la ciudad más grande de Brasil ofreciera alimentos libres de pesticidas en las 2,7 millones de comidas que alimentan a un millón de niños en el sistema escolar municipal. Sería un círculo virtuoso en el que bebés y niños tendrían acceso a alimentos más saludables desde los primeros años de vida y en el que las compras públicas garantizarían a los pequeños productores más seguridad para invertir en la transición agroecológica y la producción orgánica.
Parece un hermoso sueño, pero podría ser la realidad de la alimentación escolar en la ciudad de São Paulo, si no fuera por el incumplimiento sistemático de la legislación municipal que hace obligatoria la inclusión de alimentos orgánicos en los almuerzos.
La capital debería estar a solo dos años de garantizar alimentos 100% libres de venenos. Pero la realidad dista mucho de la meta: el año pasado, solo el 4% de lo que se sirvió en las escuelas fue orgánico. Los contratos de compra firmados en 2023 suman R$ 10,8 millones, según la Secretaría Municipal de Educación.
De haberse cumplido la ley, la ciudad de São Paulo debería haber comprado alrededor de R$ 230 millones en artículos orgánicos y/o agroecológicos, monto que representa la mitad del gasto total en alimentos y según lo determinado por el plan de objetivos creado por la legislación municipal.
Solo una parte de estos contratos están disponibles en el sitio web del Departamento Municipal de Educación. Se trata de compras de plátanos orgánicos, mermelada de plátano, frijoles y pasta de tomate.
A efectos de comparación, hace poco más de diez años, en 2013, la primera compra pública de productos orgánicos para la alimentación escolar en São Paulo fue de casi mil toneladas de arroz orgánico en un contrato de R$ 2,4 millones firmado con una cooperativa de Rio Grande do Sul.
En 2018, el porcentaje de compras orgánicas se acercó al 5%.
Esta marcha atrás obligó a los agricultores a revisar planes e inversiones. “Seguí todo el proceso legal. Fuimos una de las primeras cooperativas en suministrar productos orgánicos al ayuntamiento, luego dulces de plátano”, recuerda Marcelo Fukunaga, que forma parte de la Cooperativa de Agricultura Familiar de Sete Barras, en el interior de São Paulo.
En ese momento, no se imaginaba que un cambio ideológico y de modelo de gobernanza en la gestión municipal haría imposible la plena ejecución de una idea soñada y por la que se había luchado durante algunos años, a pesar de todos los esfuerzos por crear un arreglo institucional adecuado a las peculiaridades de producción orgánica y agroecológica.
