Tampico, Tamps. La Secretaría de Seguridad Pública ha desinstalado hasta 490 cámaras de videovigilancia instaladas por grupos delictivos en la vía pública durante 2025 y en lo que va de 2026, como resultado de operativos coordinados entre distintas corporaciones policiacas y de las Fuerzas Federales, informó Willy Zúñiga Castillo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad.
De acuerdo con el funcionario, los retiros se realizaron mediante recorridos preventivos y acciones de supervisión en colonias, zonas comerciales y puntos considerados estratégicos, donde se detectó la presencia de dispositivos que no forman parte de la infraestructura oficial de las corporaciones de seguridad.
Zúñiga Castillo explicó que una parte relevante de estos hallazgos ha sido posible gracias a denuncias ciudadanas canalizadas a través de los números de emergencia 911 y 089, lo que permitió ubicar con mayor rapidez los equipos instalados de forma irregular y reforzar las tareas de patrullaje y prevención del delito.
“El trabajo conjunto entre instituciones y la participación de la ciudadanía han sido fundamentales para identificar estos dispositivos, que no cuentan con autorización ni control institucional”, señaló.
El secretario ejecutivo precisó que las 490 cámaras retiradas no estaban integradas a los sistemas oficiales de videovigilancia del estado, lo que representa, dijo, un riesgo tanto para la privacidad de las personas como para la seguridad pública, al desconocerse el uso y destino de la información que pudieran captar.
En paralelo a estas acciones, Zúñiga Castillo informó que el gobierno estatal trabaja, en coordinación con otras instancias, en la integración de una Ley de Vigilancia, cuyo objetivo será establecer lineamientos claros y fortalecer el marco jurídico para la instalación, operación y supervisión de sistemas de videovigilancia en Tamaulipas.
La iniciativa, añadió, busca regular el uso de esta tecnología en espacios públicos y privados, definir responsabilidades y evitar prácticas discrecionales, en un contexto donde el uso de cámaras se ha expandido sin una normativa específica que garantice tanto la seguridad como el respeto a los derechos de la población.
Las autoridades estatales sostuvieron que los operativos para detectar y retirar equipos irregulares continuarán, mientras se avanza en la construcción de un marco legal que permita ordenar el uso de sistemas de videovigilancia en la entidad.
