En el noveno aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, el gobierno federal publicó este martes un informe que esboza tres “posibles razones” del secuestro de los jóvenes.
Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron supuestamente secuestrados por miembros de la banda criminal Guerreros Unidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, después de que la policía municipal detuviera los autobuses que habían requisado para viajar a una protesta en la Ciudad de México.
Se presume que los jóvenes fueron asesinados posteriormente, aunque sólo se han encontrado e identificado los restos de tres de ellos.
El gobierno publicó este martes un documento de 34 páginas titulado “Ayotzinapa: Narración de los hechos según la investigación realizada”.
Cerca del final del documento, el gobierno ofreció una breve descripción de tres “posibles razones” detrás del secuestro de los estudiantes.
- El gobierno dijo que pudo haber habido “confusión” por parte de los miembros de Guerreros Unidos con respecto a la “presunta infiltración” de mafiosos de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa. Esa “confusión” podría haber ocurrido “dentro del contexto” de una guerra territorial en la región de Iguala entre los dos grupos criminales, dijo el gobierno.
- La intención puede haber sido “enseñar a los estudiantes una lección dentro del contexto de amenazas de [then Iguala] el alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos tras protestas y daños al palacio municipal de Iguala”, dijo el gobierno. Esas protestas se produjeron tras el secuestro y asesinato de tres “líderes sociales”.
- “El narcotráfico y la posible presencia de drogas, armas o dinero” en los autobuses requisados por los estudiantes fue la tercera posible razón identificada por el gobierno.
El documento señala que actualmente 132 personas se encuentran detenidas en relación con el caso, entre ellas 41 miembros de Guerreros Unidos, 71 policías y 14 militares.
También se encuentran tras las rejas tres funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos el exfiscal general Jesús Murillo Karam, un exsecretario de seguridad del estado de Guerrero, el exalcalde de Iguala y su esposa y expresidenta de la agencia de servicios familiares DIF en esa ciudad.
Ninguno de los 132 sospechosos ha sido condenado todavía por su participación en el secuestro y presunto asesinato de los estudiantes.
El gobierno dijo que al momento de la desaparición de los estudiantes, Guerreros Unidos “mantenía un importante nivel de penetración y cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico en la región”.
“Esta red, que involucró a autoridades de los tres niveles de gobierno, fue, sin duda, un factor que ‘facilitó’ y perpetró las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de magisterio”, señala el informe.
El documento citaba “una instrucción para desaparecer a los estudiantes” en mensajes entre líderes y miembros de Guerreros Unidos que fueron interceptados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
También dijo que se estableció mediante “testimonios” y “el análisis de comunicaciones” que estudiantes que viajaban en dos autobuses fueron entregados por policías a Guerreros Unidos “para su ejecución y desaparición”.
El gobierno dijo que era “probable” que los estudiantes fueran separados en al menos tres grupos y llevados a “diferentes lugares para su ejecución y desaparición en los municipios de Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco”.
Citando mensajes de texto interceptados, el documento decía que había pruebas de que seis estudiantes seguían vivos cuatro días después de ser secuestrados. Pero un miembro de Guerreros Unidos supuestamente le dijo a otro que él haría los arreglos para que los mataran.
Los padres de los estudiantes fueron informados sobre el contenido del informe en una reunión con funcionarios del gobierno, incluido el presidente López Obrador, el lunes. No quedaron satisfechos con lo que les dijeron.
Un abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo a los periodistas que el gobierno había presentado una narrativa similar a la ampliamente criticada “verdad histórica” que la anterior administración federal encabezada por el ex presidente Enrique Peña Nieto presentó como la versión definitiva de los hechos.
Según la “verdad histórica”, los estudiantes, mientras viajaban en los buses que requisaron, fueron interceptados por policías municipales corruptos quienes los entregaron a miembros de la banda criminal Guerreros Unidos quienes posteriormente los asesinaron, quemaron sus cuerpos en un basurero en el municipio de Cocula y depositaron sus restos en un río cercano.
López Obrador reconoció este martes que los padres de los estudiantes “insisten en que el ejército no está cooperando” con la investigación en curso sobre el caso Ayotzinapa.
Dijo que no estaba de acuerdo con esa opinión porque el ejército “ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer… el terrible caso Ayotzinapa”.
López Obrador también dijo que no comparte el punto de vista expresado por Rosales. Agregó que la prioridad del gobierno es “encontrar a los jóvenes”.
“La información que ya tenemos y la que pronto podríamos obtener podría llevarnos a eso”, dijo López Obrador.
“No se trata de culpar [someone] por culpar. No se trata simplemente de: «Era el Estado y era el ejército» y eso es todo. No, vamos a descubrir la verdad sobre lo que pasó. No voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto. Vamos a actuar con rectitud, no somos los mismos. [as previous governments],» él dijo.
El secuestro y presunto asesinato de los estudiantes en 2014 desencadenó enormes protestas contra el gobierno de Peña Nieto en las que los mexicanos acusaron al Estado de estar involucrado en el crimen y pidieron la renuncia del expresidente.
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