Por Catie Edmondson
A finales de esta semana, se espera que el Congreso retome y apruebe un paquete de seis proyectos bipartidistas de ley de gasto para financiar la mitad del gobierno hasta el otoño, después de meses de amargas negociaciones mientras los republicanos presionaban por recortes y políticas conservadoras.
La legislación de 460.000 millones de dólares financiaría una serie de agencias y programas gubernamentales, como la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Justicia y el Departamento de Asuntos de los Veteranos. Debe aprobarse para evitar un cierre parcial del gobierno a fines de esta semana.
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Los principales legisladores siguen negociando el gasto de la otra mitad del gobierno para el resto del año, incluido el Pentágono, que el Congreso debe aprobar antes del 22 de marzo para evitar la interrupción del financiamiento de esos programas.
A continuación, lo que sabemos sobre el proyecto de ley de 1050 páginas programado para aprobarse esta semana.
Los republicanos no lograron cambiar las políticas de manera significativa.
Los niveles de financiamiento se apegan al límite de la deuda y al acuerdo de gasto negociado el año pasado por el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes en ese momento, Kevin McCarthy, lo que mantiene el gasto en programas domésticos casi sin cambios —incluso mientras los fondos para los programas de veteranos siguen creciendo— al tiempo que permite un ligero aumento en el gasto militar.
En última instancia, los legisladores desecharon la mayoría de las demandas más radicales y divisorias propuestas por los republicanos de la Cámara de Representantes, incluido el bloqueo de un aumento de los fondos para los programas de asistencia nutricional para mujeres y niños de bajos ingresos y la interrupción de la aplicación de nuevas normas para permitir un mayor acceso a los medicamentos para el aborto.
Pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y sus negociadores pudieron asegurar varias demandas menores, incluidos los recortes a la Agencia de Protección Ambiental y el FBI.
El proyecto de ley aumentaría los fondos para la nutrición de mujeres y niños de bajos ingresos.
Los republicanos se opusieron a un intento de los demócratas de aumentar los fondos para el programa de nutrición conocido como WIC, el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, pero los demócratas consiguieron 7030 millones de dólares para el programa (más de 1000 millones adicionales a la cifra que Biden solicitó en un inicio), con el argumento de que el dinero extra era necesario para hacer frente a las crecientes necesidades.
Los demócratas también rechazaron una iniciativa liderada por uno de los principales republicanos de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes y miembro del Caucus de la Libertad, el representante de Maryland, Andy Harris, para poner en marcha un programa piloto en varios estados con el fin de restringir lo que los beneficiarios de bajos ingresos podrían comprar con la ayuda del gobierno a través del programa de nutrición alimentaria conocido como SNAP, limitándolos a alimentos “densos en nutrientes”.
Los republicanos lograron recortes a la Agencia de Protección Ambiental, el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos.
Los negociadores acordaron reducir los fondos para la Agencia de Protección Ambiental casi un 10 por ciento; sin embargo, la reducción real es de solo un 4 por ciento, debido a un cambio en cómo se paga el programa Superfondo, responsable de limpiar la tierra contaminada y responder a emergencias ambientales como el derrame de crudo.
El proyecto de ley de gastos incluye profundos recortes al programa Superfondo, pero Biden ha firmado leyes, entre ellas la ley bipartidista de infraestructuras de 2021 y la histórica ley sanitaria, climática y fiscal, que crearon nuevos ingresos fiscales para financiarlo.
El FBI, un objetivo frecuente entre los republicanos que afirman que la aplicación de la ley se usa para atacar a la derecha, recibiría un recorte del 6 por ciento en su financiamiento, la mayor parte destinado al presupuesto de la agencia para la construcción de un nuevo edificio. También se redujo un poco el financiamiento de los salarios del FBI.
Los republicanos también insistieron en la inclusión de una medida que le prohíbe al Departamento de Justicia investigar o perseguir a “padres que protesten de manera pacífica en reuniones del consejo escolar y que no sean sospechosos de participar en actividades ilegales”. Los conservadores se indignaron cuando en 2021 el departamento empezó a monitorear amenazas contra administradores escolares, profesores y miembros de los consejos en medio de enfrentamientos acalorados y en ocasiones violentos sobre cuestiones como el requisito de usar cubrebocas.
La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (a la que los republicanos critican por regular las armas con demasiada severidad) también sufriría un recorte del 7 por ciento, mientras que los fondos para la Administración de Control de Drogas aumentarían un poco.
Los republicanos lograron incluir una disposición que les facilita la compra de armas a los veteranos considerados mentalmente incompetentes.
Los republicanos usaron la legislación de gasto en contra de una política instituida por el Departamento de Asuntos de Veteranos que tiene como objetivo prevenir los suicidios de veteranos mediante un sistema federal de verificación de antecedentes de armas cuando se descubre que los veteranos carecen de la capacidad mental para manejar sus propias finanzas. Según el texto en el que insistió el Partido Republicano, el Departamento de Asuntos de Veteranos no podría hacerlo sin una orden judicial. Los republicanos sostuvieron que la práctica actual se basa en una definición demasiado amplia de incompetencia y podría infringir los derechos de los veteranos en virtud de la Segunda Enmienda.
Las medidas del Partido Republicano para limitar el acceso al aborto no pasaron el corte final.
Los republicanos de la Cámara de Representantes incluyeron en sus proyectos de ley disposiciones destinadas a restringir el acceso al aborto.
En un caso, el otoño pasado, los legisladores republicanos más moderados ayudaron a hundir un proyecto de ley de gastos que impedía destinar dinero a hacer cumplir una ley del Distrito de Columbia que protege a los trabajadores de ser discriminados por solicitar servicios de anticoncepción o aborto.
Los republicanos también buscaron retirar los fondos para una nueva norma de la Administración de Alimentos y Medicamentos que permitía la distribución por correo y en establecimientos minoristas de mifepristona, la primera píldora de un régimen de dos fármacos para abortar.
Ninguna de estas medidas logró formar parte del primer paquete de gasto.
c.2024 The New York Times Company