Un ciudadano de Allende ha denunciado al diputado local Eduardo Leal, a su hermano y a los alcaldes de Lampazos, José Luis Santos Martínez; de Agualeguas, Ignacio Castellanos Amaya, y de General Bravo, Edgar Cantú Fernández, por presuntamente recibir pagos de municipios rurales del PAN.
En el documento que presentó ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado, el ciudadano Sebastián Hernández Hernández señala que Leal utiliza empresas que son propiedad de su hermano Rubén y mediante las cuales han recibido medio millón de pesos de esos municipios.
“Todos esos alcaldes y el diputado son del PAN por eso vemos que existe una colusión y demás pactos internos para el desvió de fondos a las empresas de su hermano”, afirmó el activista.
“De una revisión a los documentos de la Auditoría Superior del Estado, se ha recabado que dicha empresa ha recibido pagos de más de 500 mil pesos por diversos servicios, los cuales incluyen, pero no se limitan a servicios de asesoría jurídica, servicios de sanitización, material de limpieza y otros, cuyo destino y soporte material no ha sido comprobado”, establece la denuncia.
El ciudadano explicó que esos hechos se presumen que los señalados cometieron delitos contra el patrimonio del estado o de los municipios, cohecho, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, y tráfico de influencias.
La semana pasada, el mismo ciudadano de Allende denunció al alcalde de Cadereyta, Cosme Leal y al diputado del PAN, Eduardo Leal, por presuntos delitos contra el patrimonio del municipio y abuso de sus funciones.
En el documento presentado ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado, el identificado como Sebastián Hernández señaló que el diputado Eduardo Leal tiene en la nómina del Gobierno Municipal de Cadereyta a al menos seis personas allegadas a él y colaboradores de su campaña, entre ellas la madre de su prometida.
“Vine a presentar una denuncia para que se le investigue al diputado y alcalde de Cadereyta porque es un hecho que su suegra, sus compadres y su coordinadora de campaña están en nómina en el municipio”, afirmó Hernández.
Consideró que eso es un desvío de recursos con el cual Leal estaría pagando a los empleados de su precampaña para la alcaldía de Allende.
“Esto es un delito electoral por desvío de recursos para una precampaña. Que se les investigue y se les aplique todo el peso de la Ley porque no es posible que no estén ejerciendo sus funciones como trabajadores y como están en nómina y con número de empleados”, exigió el ciudadano.
