Los casos que llevaron a la decisión involucraron a electores en 2016 que votaron en contra de su promesa. Al reconocer que Hillary Clinton, la ganadora del voto popular, no sería elegida presidenta, estos electores trabajaron para reunir suficientes electores republicanos y demócratas para que votaran por un candidato republicano distinto de Donald Trump, lanzando así la elección a la Cámara de Representantes.
Tres electores del estado de Washington emitieron sus votos por Colin Powell, el ex secretario de Estado, en lugar de por la señora Clinton, que ganó el voto popular allí. Clinton también ganó el voto popular en Colorado, donde un elector intentó votar por John Kasich, el ex gobernador de Ohio que se había postulado para la nominación presidencial republicana ese año. Esos electores fueron castigados por sus estados con multas y destitución como electores. Impugnaron ese castigo ante la Corte Suprema. (Uno de nosotros, el señor Lessig, representado los electores de Washington y Colorado.)
El tribunal falló a favor de los estados. Los electores, decidió la Corte Suprema, no tenían ningún derecho constitucional a resistir las leyes en un estado que determinaba cómo debían votar. El tribunal sostuvo que los estados podían así hacer cumplir esas leyes.
El peligro ahora es que esta decisión ha creado una estrategia obvia para una legislatura estatal que busca asegurar la elección de su candidato preferido, independientemente de cómo votó la gente. La legislatura estatal aprobaría una ley que requiere que los electores voten según lo indique la legislatura. Lo predeterminado sería que los electores votaran como votó la gente. Pero la ley reservaría a la legislatura el poder de ordenar a los electores que voten de manera diferente si así lo decide.
Ahora imagine que los resultados de las elecciones en un estado están reñidos. Los cargos de fraude nublan el recuento. Los líderes de la legislatura estatal cuestionan el presunto resultado. En respuesta a esos desafíos, la legislatura vota para ordenar a sus electores que voten por el candidato que presuntamente perdió pero que la legislatura prefiere. Cualquier elector que votara en contra de las normas de la legislatura sería destituido y reemplazado por un elector que cumpliera.
