En Morelos, líderes del Cártel de Sinaloa (CDS) lanzaron una amenaza a la gobernadora morenista Margarita González Saravia para permitir el libre paso de drogas,para que aceptara el nombramiento en municipios de funcionarios al servicio del crimen y dar el manejo de presupuesto a delincuentes.
Conforme a la orden de aprehensión contra alcaldes y funcionarios morelenses vinculados con el grupo sinaloense, a la que tuvo acceso Grupo REFORMA, el crimen organizado ha controlado desde 2021 a dirigencias partidistas, ordenado asesinatos de opositores políticos e infiltrado a 11 gobiernos municipales para extorsionar, lavar dinero con obras y controlar tráfico de drogas.
Uno de los líderes, Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, amagó, mediante intermediarios, a la gobernadora para que aceptara nombramientos de funcionarios controlados por el cártel y permitiera el libre paso de droga.
Conforme a la declaración del exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, el pasado 6 de mayo ante la FGR, Araujo Benard le pidió, bajo amenaza, que le advirtiera a la mandataria que debería pactar con los criminales a cambio de “pacificar el Estado”.
Según testimonio de Nava, “El Barbas”, jefe del cártel en Morelos, le pidió, dada su cercanía con la gobernadora, que le advirtiera que ‘le pacificaría el estado, que si tenía acuerdo con alguien más o, en su caso, que el acuerdo lo hiciera con ellos. Además de que no se pasara de cabrona (sic) y fuera a retener los recursos de los municipios’.
Exigió tener el control del paso de drogas ‘así como el de incluir en puestos de relevancia de los ayuntamientos a gente propuesta por la organización y eliminar a los candidatos que no se alineen’.
El jefe criminal ofreció financiar campañas políticas “a cambio de recibir una parte de las ganancias obtenidas”.
Nava, ahora testigo de la FGR, es una de las personas que aparece con “El Barbas”, así como con Jesús Corona Damián y Agustín Toledano, alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, en un video difundido el 18 de febrero de 2025.
El 10 de marzo siguiente, Tadeo fue removido de la dirección del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Morelos.
La investigación de la FGR incluye conversaciones telefónicas intervenidas legalmente, en las que los indiciados expresan que la difusión del video afectaría las aspiraciones políticas de Toledano, hoy en la cárcel. No obstante, uno de ellos manifiesta no estar de acuerdo porque el edil tenía el “dinero para la compra de votos”.
