CDMX.- La organización internacional pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) lanzó un llamado al Congreso de la Unión para que rechace las reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo.
En el caso específico de la reforma al Poder Judicial indican que las propuestas “socavarían gravemente la independencia judicial y contravendrían estándares internacionales de derechos humanos destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales”.
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Según los cambios que se proponen se eliminaría la permanencia judicial y los jueces serían elegidos cada nueve años, en elecciones locales en cada distrito judicial, y a partir de listas de candidatos seleccionados por el presidente, el Congreso y la Suprema Corte.
“Todos los jueces federales en activo, aproximadamente 1 mil 650, serían separados de sus cargos y sustituidos en elecciones en 2025 y 2027. La iniciativa obligaría a todas las legislaturas estatales a realizar cambios similares en sus sistemas de justicia estatales en un plazo de 180 días, lo que afectaría a unos 5 mil jueces y magistrados estatales”, puntualizaron.
HRW explica que la propuesta también acortaría el tamaño de la Suprema Corte y reduciría los mandatos de sus miembros, sustituyendo a los actuales en unas elecciones especiales que se realizarán en 2025.
“También permitiría a los jueces conocer casos de presunta delincuencia organizada de forma anónima, de tal manera que los imputados no conozcan la identidad del juez que supervisa el caso”, mencionan.
Los legisladores “deberían rechazar una serie de cambios constitucionales que socavarían la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas del gobierno. Las propuestas también podrían conducir a un aumento de abusos militares y detenciones arbitrarias”, añaden.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, afirmó que estas “peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían controles establecidos para proteger los derechos humanos”.
“Dado el largo historial de graves abusos y encubrimientos oficiales en México, los legisladores deberían adoptar medidas para fortalecer las protecciones de los derechos humanos, no para debilitarlas”, mencionó Goebertus.
El organismo internacional recordó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han mencionado anteriormente que los juicios con “jueces sin rostro” contravienen el derecho a un juicio justo, porque de esta manera los imputados no podrían valorar si el juez tiene un conflicto de interés.
Del mismo modo se pronunciaron respecto a la iniciativa de “simplificación orgánica” en la que se busca que las funciones de organismos autónomos pasen a las dependencias federales.
“Otra iniciativa en consideración eliminaría el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un órgano independiente que vela por el cumplimiento de las normas sobre transparencia y protección de datos en México”, expresan.
“El organismo tiene la facultad para exigir al gobierno que cumpla con las solicitudes de información y a cualquier organización, pública o privada, que permita a las personas acceder a sus datos personales como historiales médicos. El INAI puede imponer multas por incumplimiento de sus resoluciones e impulsar acciones legales contra el gobierno”, añadió.
Explican que la eliminación del INAI y permitir que el gobierno autorregule su cumplimiento con las leyes de acceso a la información socavaría los derechos de los mexicanos a la privacidad y al acceso a la información pública.
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“Otra iniciativa propuesta eliminaría la prohibición constitucional que impide a los militares ejercer funciones no militares fuera de tiempos de guerra, transferiría permanentemente el control de la Guardia Nacional—el principal organismo de seguridad pública del gobierno federal—a la Secretaría de la Defensa Nacional, y otorgaría oficialmente al presidente la autoridad para desplegar las Fuerzas Armadas adentro del país, de manera indefinida, a su discreción”, mencionan.
“El presidente López Obrador ha ampliado enormemente el papel de los militares en el gobierno, transfiriendo al Ejército y a la Marina el control sobre cientos de tareas gubernamentales tradicionalmente civiles, lo que ha limitado la supervisión civil y la rendición de cuentas, ya que los militares a menudo se niegan a cumplir con las solicitudes de transparencia sobre sus actividades, alegando que la información es reservada por temas de seguridad nacional”, añaden Goebertus.
