Querétaro, Qro. Alrededor de 200 personas vestidas de blanco, algunas con playeras con las fotos impresas de los rostros de sus seres queridos, quienes fueron asesinados asesinados el pasado 9 de noviembre en el bar Cantaritos, realizaron una marcha silenciosa en la ciudad de Querétaro en demanda de paz y de justicia para las 10 víctimas mortales de esa masacre.
La manifestación fue encabezada por la ex rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, y representantes de 27 organizaciones de la sociedad civil entre ellos, el activista por la diversidad sexual y los derechos ciudadanos, Walter López.
La marcha comenzó alrededor de las 17 horas desde la esquina de las avenidas Ignacio Zaragoza y Corregidora, exactamente frente a la Alameda Miguel Hidalgo y terminó 40 minutos después en las afueras del bar.
Algunas personas con globos blancos en las manos, y otros sujetando mantas y pancartas, caminaron a lo largo de la avenida Ignacio Zaragoza, en dirección a los arcos del acueducto colonial, que fungen como símbolo de la capital queretana. Cerca de allí hicieron una parada por algunos minutos con los brazos en alto y en absoluto silencio.
Luego, cambiaron su curso a la avenida Circunvalación, donde se encuentra el bar, el cual muestra en la fachada un letrero que señala que el inmueble está asegurado, con el logo de la Fiscalía de Justicia de Querétaro (FJQ) y el número de la carpeta de investigación del caso. Allí, los organizadores colocaron una manta con la leyenda «Marcha por la paz» con los logos de las 27 organizaciones que convocaron a la movilización.
En su locución, Teresa Gasca cuestionó: «¿Se hubiera evitado esta masacre si las autoridades no hubieran liberado a una de las víctimas, presunta implicada en hechos delictivos?». Haciendo referencia a la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia ante la cual, supuestamente la FJQ remitió hasta en 2 ocasiones a Fernándo Núñez, alias La Flaca, detenido en un par de ocasiones por la policía estatal; la primera vez, por portación de arma de fuego sin tener los permisos correspondientes, y la segunda, de cartuchos con balas, según reveló Humberto Pérez González vicefiscal de investigación científica y policial.
De acuerdo con las investigaciones, sicarios del Cártel de Santa Rosa de Lima perpetraron la masacre en el bar Cantaritos para ultimar a alías La Flaca.
Por ello, la ex rectora resaltó «lanzamos la exigencia de que cese la impunidad, ya que con autoridades no omisas y que cumplan con su mandato constitucional de proteger a la ciudadanía es que podremos poner un dique a masacres como esta».
Al final, entre todos los participantes de la marcha colocaron una ofrenda de veladoras y flores ante imágenes religiosas frente al bar, en recuerdo de las víctimas.
Recriminan que único apoyo estatal sean sillas para velorios
El gobierno del panista Mauricio Kuri sólo ofreció a los familiares de las víctimas de la masacre unas cuantas sillas para que pudieran velar los cuerpos en sus casas, según las hermanas y otros familiares del arquitecto Carlos Gómez, quien murió a manos de los sicarios que atacaron el bar.
Vestidas con playeras con el retrato de Carlos, visiblemente consternadas se quejaron de que las autoridades estatales mienten al decir a la opinión pública que el mandatario se hubiera comunicado o reunido con ellas o con los familiares de las otras víctimas «lo cual no es verdad».
«El gobierno no hace su trabajo, nos traen a puras mentiras. No es cierto que apoyan a los familiares de las víctimas. Fui a hablar con el secretario de gobierno (Carlos Arcaraz) y nada más se burlan.Y dicen ‘hacemos todo lo que está dentro de nuestras manos’ lo cual no es cierto » , dijo una de las jóvenes.
Relató que Carlos Gómez era un joven deportista, además de un gran arquitecto, y que como ferviente católico, su deseo era de que, en caso de morir su cuerpo fuera incinerado y la urna con sus cenizas fueran colocadas dentro de una iglesia.
No obstante, comentó que las autoridades al momento de entregarles el cuerpo les pidieron que lo sepultaran, ya que por protocolo no lo podían incinerar ya que la investigación de su muerte seguía en curso.
