Luego de la ‘tómbola’ realizada por el Senado de la República para elegir las nuevas 850 personas juzgadoras que integrarán el Poder Judicial de la Federación (PJF), el medio de comunicación Animal Político reveló de los 850 cargos los que se elegirán en total, de los cuales 464 son magistradas y magistrados de circuito y 386 juezas y jueces de distrito, la mayoría de los juristas mencionados estuvieron relacionados en la denuncia contra el exministro Arturo Zaldívar.
Es decir, que 13 de las 19 plazas pertenecientes juzgadores que resultaron sorteados en la tómbola para su renovación de titularidad el próximo 1 de junio de 2025, fueron mencionados en la denuncia anónima presentada en abril contra el actual coordinador general de Política y Gobierno en el gobierno de Claudia Sheinbaum, por supuestamente haber sido presionados por cuatro altos funcionarios del Estado para resolver favorablemente en temas de interés del Gobierno Federal.
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De acuerdo con el periodista Alfredo Maza, destacan nombres como Adrián Fernando Novelo Pérez, quien emitió fallos en torno al Tren Maya; la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, quien resolvió amparos en el caso de Emilio Lozoya; Abigail Ocampo Álvarez y Julio Veredín Sena, quienes fueron presionados por temas relacionados con extradiciones.
“En otras palabras, están en vilo los puestos de 39 de las 58 personas que aún están en activo en tribunales y juzgados del país y que se atrevieron a denunciar presiones por parte del Gobierno Federal, mientras que 24 personas titulares de estos órganos jurisdiccionales ya no aparecen en las bases de datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)”, detalló el periodista en su reportaje.
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¿POR QUÉ DENUNCIARON A ZÁLDIVAR?
En abril de 2024, durante el proceso electoral federal y al momento en que Arturo Zaldívar formaba parte del equipo de la entonces candidata y ahora presidenta Claudia Sheinbaum, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, aceptó una denuncia anónima en contra del exministro por presuntos actos de corrupción y vulneración de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Supuestamente, las presiones ocurrieron entre 2019 y 2022 a manos de personal de Zaldívar, incluido Carlos Antonio Alpízar, entonces secretario general de la presidencia del CJF, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
