Sólo 24 horas después de que el Senado mexicano aprobara un controvertido proyecto de reforma judicial, 18 legislaturas estatales ya habían ratificado la reforma constitucional, abriendo la puerta para que la amplia reforma se convirtiera en ley del país.
Durante su conferencia de prensa del jueves por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los periodistas que esperaba publicar el proyecto de ley el 15 de septiembre, el mismo día en que México comienza sus celebraciones anuales del Día de la Independencia.
“Esta es una reforma muy importante”, dijo López Obrador, según El Economista. “Esto reafirma a México como una auténtica democracia,… que el pueblo elige a sus servidores públicos dentro de los tres poderes del gobierno. Esto es democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía”.
Como reforma constitucional, el proyecto de ley, defendido por López Obrador, el partido gobernante Morena y sus aliados, requería la ratificación de al menos 17 congresos estatales para convertirse en ley.
Durante una estridente sesión maratónica que comenzó el martes, los manifestantes invadieron el pleno del Senado y obligaron a los legisladores a buscar un lugar alternativo. El debate finalmente continuó cuando los líderes de Morena supuestamente presionaron a un par de senadores de la oposición para que apoyaran el proyecto de ley, permitiéndole pasar con una supermayoría (86-41) antes del amanecer del miércoles.
El proyecto de ley pasó inmediatamente a los estados para su consideración y, en cuestión de horas, 11 legislaturas estatales ratificaron la reforma. Dado que Morena controlaba 24 congresos estatales, la ratificación era casi una conclusión inevitable.
El líder de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, dijo el jueves que convocará a una sesión especial antes del fin de semana para reconocer la ratificación de las legislaturas estatales y declarar aprobada constitucionalmente la reforma. Una acción tan rápida podría permitir a López Obrador promulgar la reforma pocas horas antes de que comiencen las celebraciones del Día de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México..
El siguiente paso después de convertirlo en ley sería que la Cámara de Diputados: que aprobó la reforma judicial el 4 de septiembre — redactar las leyes secundarias necesarias para implementar la reforma.
Empresas e inversionistas dentro y fuera de México seguirán de cerca ese proceso legislativo, particularmente en lo que respecta a los poderes de revisión judicial y las calificaciones requeridas de los candidatos judiciales.
Dependiendo de cómo estén redactadas las leyes secundarias, podrían despojar a empresas e individuos del derecho de apelar fallos gubernamentales en tribunales civiles.
Si se restringe el derecho de los tribunales a la revisión judicial (como han sugerido los proponentes del proyecto de ley), la Corte Suprema ya no revisará las órdenes ejecutivas. El presidente en ejercicio y el Congreso pueden hacer “lo que quieran” sin esos controles y contrapesos, dijo a KTSM News en El Paso, Texas, Tony Payán, director del Centro para Estados Unidos y México de la Universidad Rice de Houston.
«La cuestión más preocupante es que el poder judicial ya no puede controlar las decisiones administrativas», dijo Payán.
En cuanto a las preocupaciones sobre las calificaciones requeridas de los candidatos judiciales, Bloomberg News informó que la “posible politización” de los nombramientos judiciales “abriría la puerta para que los jueces enfrenten presiones externas” que podrían comprometer la independencia e imparcialidad de los tribunales.
Bloomberg también advirtió sobre un potencial un efecto dominó: la nueva IED se desacelera debido a la baja confianza de los inversores, y México pierde su grado de inversión, afectando su capacidad para obtener nuevo financiamiento.
Los empresarios en México, Estados Unidos y otras naciones industrializadas ya están pausando futuras inversiones o considerando trasladar sus operaciones a otros lugares, informó KTSM News.
La Texas Public Policy Foundation respondió rápidamente a la aprobación de la enmienda constitucional, reclamando en una publicación en las redes sociales que Texas es una alternativa más estable para las empresas dedicadas al comercio internacional:
“Texas está lista para recibir dólares de inversión que puedan estar buscando un nuevo hogar como resultado de la incertidumbre que rodea la reforma judicial radical de México. Ofrecemos un entorno estable y favorable a los negocios para inversores globales que no cambia radicalmente. Respetamos las empresas”.
con informes de El Economista, Noticias KTSM, Noticias Bloomberg y Milenio
