Ciudad de México. La nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales no criminaliza a los productores ni afectará a la industria, pero sí enfoca medidas contra el tráfico ilegal de agua y prevé sanciones para quienes contaminan acuíferos e incluye medidas para su restauración, explicó el secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Jesús Marín Cuanalo Araujo (PVEM).
El legislador cuestionó “las mentiras” que, dijo, difunde la oposición en el sentido de que los productores perderán sus concesiones de agua, y refirió que esos señalamientos incluso han derivado en “inconformidades contra los diputados” que votaron por ambas leyes.
“Nadie va a perder su concesión, se van a revisar todas, como debe de ser para corroborar que tiene un uso correcto, que no sea un uso ilegal, y se prevé un sistema público, para conocer quién es el propietario de la concesión y que nadie quite el agua que le pertenece a los demás”, indicó en entrevista.
En términos ambientales, indicó, las asignaciones se bastarán en el cuidado a la sustentabilidad. “Es decir, la legislación vigila los permisos de concesiones, dependiendo de la disponibilidad o del nivel de las condiciones y calidad del manto acuífero de una zona”, detalló.
Las leyes garantizan, primero, el derecho al consumo humano, y segundo, la prioridad de la producción agroalimentaria.
En este proceso, agregó, se garantiza la transmisión de tierras con la concesión del agua, “pero siempre y cuando se respete el mismo uso, que sea agrícola o pecuario, o combinado es decir agropecuario, y respete el volumen”.
Hasta ahora, abundó, algunos terrenos con concesión de agua para uso agrícola son vendidos y se convierten en fraccionamientos, pero el pozo continúa con reporte de riego.
Refirió que, como parte de los cambios a las iniciativas, se precisó que las concesiones para uso agrícola pueden utilizarse para actividades pecuarias, cuando se trate de pequeños productores, que no serán sujetos de sanciones. Tampoco, cuando el desvío de los cauces sea para actividades de agricultura familiar, es decir por motivos de subsistencia.
Expuso que “otra de las mentiras de la oposición” es que las personas no pueden heredar las concesiones de agua. “Obviamente, quien hereda debe demostrar que tiene una relación familiar y puede heredar los derechos de agua y tierra, pero para continuar con cultivos y el mismo volumen, no para cambio de uso de suelo u otra actividad”.
Cuanalo Araujo explicó que la revisión de las concesiones será para verificar que no tienen un uso distinto al otorgado, pues existen casos de colonias en estados como el de México y ciudades como Tijuana sin agua, pero hay un pozo cercano que extrae millones de metros cúbicos, que la venden.
“De lo que se trata es que se deje de acaparar el agua que puede ser en beneficio de todos. Hay agua que se extrae y se transporta ilegalmente, de pozos clandestinos que dejan a la población y los agricultores si agua”, resaltó.
Las leyes también procurarán la recarga de los acuíferos. “Hay algunos que van a reventar si no se trabaja en su recarga, y si no se detiene a los que extraen ilegalmente el agua. Lo que se busca es que todo esté regularizado”, afirmó.
Señaló que la reforma “no va en contra del campo ni de la gente, al contrario, se les da prioridad; ni va en contra la industria ni de la economía, simplemente se trata de usemos el agua correctamente y como país nación aprendamos a ser responsables con el consumo”.
