El gobierno de México detuvo su plan para prohibir el glifosato, un herbicida ampliamente utilizado pero controvertido, citando preocupaciones sobre mantener la productividad agrícola y garantizar la seguridad alimentaria.
El aplazamiento, anunciado el martes, se produce pocos días antes de la fecha límite previamente anunciada del 1 de abril que habría prohibido “comprar, usar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo”.
El químico herbicida se utiliza principalmente en la producción de maíz, cítricos y frutas y está asociado con el cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM), como maíz, algodón y soja. (Una modificación genética común hace que los cultivos sean resistentes al glifosato, lo que permite a los agricultores aplicar grandes cantidades del herbicida a esos cultivos transgénicos).
Una declaración conjunta de las Secretarías de Economía (SE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reconocen los potenciales riesgos para la salud del glifosato, pero enfatizan que aún no se ha identificado una alternativa adecuada.
Las condiciones descritas en un decreto presidencial de 2020 para la eliminación gradual del glifosato (producción agrícola continua, impacto reducido de la sustitución y alternativas agroecológicas viables) no se han cumplido plenamente, según el comunicado.
El Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología (Conahcyt), encargado de desarrollar alternativas, no participó en la decisión de posponer la prohibición.
Hace un año, el gobierno dijo que se estaban trabajando en 12 alternativas de amplio espectro y baja toxicidad que pueden mantener la productividad de los agricultores.
“Se han identificado siete bioherbicidas que están disponibles a nivel mundial, y cinco que serán desarrollos de fabricación mexicana”, afirmó en ese momento Sader.
Sin embargo, al parecer esas opciones aún no están disponibles en cantidades suficientes ni a precios accesibles.
La decisión de posponer la promulgación del decreto ha recibido el apoyo de organizaciones agrícolas que argumentan que el glifosato es actualmente insustituible debido a su eficacia y asequibilidad.
Eraclio Rodríguez, coordinador nacional del Frente Nacional de Rescate del Campo, dijo que aplicar glifosato cuesta alrededor de 500 pesos por hectárea, mientras que una alternativa manual como la labranza costaría hasta 6.000 pesos por hectárea.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el glifosato como un “probable carcinógeno”, aunque la seguridad del herbicida sigue siendo un tema de debate.
Además de pedir la eliminación del glifosato, el decreto publicado el 31 de diciembre de 2020 también pedía que México prohibiera la importación de maíz transgénico para su uso en masa y tortillas, y eliminara gradualmente las importaciones de maíz transgénico para cualquier tipo de uso humano. consumo para 2024, y para uso como alimento para animales (dependiendo del suministro) en una fecha posterior no especificada.
Estados Unidos se opone a este plan y el año pasado solicitó el establecimiento de un panel para resolver la cuestión.
Además, en 2022, la empresa alemana Bayer obtuvo una orden judicial contra la aplicación del decreto luego de que Cofepris le negara el permiso para una nueva variedad de semilla transgénica que había desarrollado. El decreto permitió a Bayer, que en 2018 adquirió Monsanto, productora del herbicida a base de glifosato Roundup, continuar suministrando glifosato y semillas transgénicas a México.
con informes de La Jornada y Reforma
