Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejarán de laborar en protesta contra la propuesta de reforma judicial del gobierno federal, sumándose a los empleados del máximo tribunal del país que ya se declararon en huelga.
La SCJN señaló en un declaración El martes ocho magistrados votaron a favor de suspender las actividades, mientras que tres se opusieron a la medida.
Las sesiones judiciales previstas para el miércoles y jueves han sido suspendidas, indicó el comunicado, y agregó que los jueces “evaluarán la situación prevaleciente” el próximo lunes.
El comunicado también señala que los ministros acordaron atender “asuntos urgentes” durante la suspensión de actividades. Sin embargo, su decisión de paralizar labores provocará una “parálisis operativa” en la SCJN, informó el diario Milenio.
Las tres magistradas que votaron en contra de suspender las labores —Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama— fueron nombradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien envió la propuesta de reforma judicial al Congreso en febrero y argumenta que el poder judicial del país es corrupto y necesita renovación.
Esquivel, Ortiz y Batres dijeron en un comunicado separado que se oponían “vigorosamente” a la huelga.
“Es nuestra responsabilidad constitucional ejercer nuestro papel como jueces y brindar el servicio público de impartición de justicia”, dijeron.
Esquivel, Ortiz y Batres dijeron que tenían la intención de seguir trabajando de forma remota.
Los trabajadores judiciales de todo México han dejado de trabajar para protestar contra la propuesta de reforma judicial en las últimas semanas.
El lunes, la gran mayoría de los más de 1.000 empleados de la SCJN presentes en la sesión votaron a favor de la medida. El tribunal emplea a un total de 3.647 trabajadores.
Los críticos del proyecto de ley constitucional —que permitiría a los ciudadanos elegir directamente a los magistrados de la Corte Suprema y otros jueces— afirman que su aprobación socavaría la independencia del poder judicial.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, recibió una reprimenda de López Obrador a fines del mes pasado después de afirmar que “la elección popular directa de jueces es un riesgo importante para el funcionamiento de la democracia de México”.
Salazar también afirmó que “el debate sobre la elección directa de jueces… así como la feroz política si se aprobaran las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazarán la histórica relación comercial que hemos construido, que se basa en la confianza de los inversionistas en el marco legal de México”.
Hizo comentarios similares en una conferencia de prensa el martes, diciendo que la reforma podría causar “mucho daño” a la relación entre México y Estados Unidos “si no se hace bien”.
“…Lo digo por todas las inquietudes que me están llegando de gente que verdaderamente quiere lo mejor para México y para Estados Unidos. Lo que puedo decir es que hay mucha preocupación”, dijo Salazar.
El banco de inversión con sede en Nueva York, Morgan Stanley, rebajó su perspectiva de inversión para México debido a la preocupación por la propuesta, mientras que el embajador de Canadá en México, Graeme Clark, dijo que los inversionistas de su país también estaban preocupados.
El martes por la mañana, cientos de trabajadores judiciales bloquearon el acceso a la cámara baja del Congreso federal en un intento de impedir que los legisladores discutieran la propuesta de reforma judicial del gobierno.
Sin embargo, el partido gobernante Morena organizó el traslado de la sesión legislativa a un centro recreativo en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México. La sesión estaba programada para iniciar a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y se esperaba que la votación sobre el proyecto de ley constitucional se llevara a cabo en algún momento de la tarde o el martes por la noche.
A partir del 1 de septiembre, Morena y sus aliados cuentan con una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados, lo que les permite aprobar reformas constitucionales sin el apoyo de los legisladores de la oposición.
La coalición liderada por Morena está a sólo un voto de la supermayoría en el Senado, lo que la coloca en una fuerte posición para aprobar la propuesta de reforma judicial también en la cámara alta.
Las reformas constitucionales también deben ser ratificadas por al menos 17 de las legislaturas estatales de México, un requisito que no debería ser un obstáculo para Morena dado que El partido gobernante y sus aliados tienen mayorías en los congresos de más de 20 estados.
Con informes de Milenio, Animal Político, El Universal y Reforma
