Ciudad de México. México y otros 15 países lanzaron este miércoles un llamado a fortalecer la cooperación regional para frenar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, al advertir que este fenómeno alimenta la violencia, debilita las instituciones y afecta de manera particular a las comunidades más vulnerables del hemisferio.
En una sesión del Consejo General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con motivo del Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, el representante de México ante el organismo hemisférico, Alejandro Encinas, presentó una declaración suscrita por Antigua y Barbuda, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Granada, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay, que reiteraron su “firme compromiso con la construcción de la paz, la seguridad regional y el fortalecimiento del Estado de Derecho”.
El documento subraya que la proliferación ilegal de armas constituye “un desafío transnacional que requiere respuestas coordinadas, integrales y sostenidas entre los países del hemisferio”, debido a que este fenómeno “no solo alimenta la inseguridad, sino que también debilita las instituciones, obstaculiza el desarrollo y afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables”.
Los países firmantes señalaron que esta fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre los efectos del tráfico ilícito de armas en el incremento de la violencia, la delincuencia organizada y la pérdida de vidas humanas, y destacaron la necesidad de atender las fuentes de abastecimiento ilegal, así como las vulnerabilidades específicas de los Estados de Centroamérica y el Caribe.
Asimismo, reiteraron su compromiso con los instrumentos regionales e internacionales en la materia, incluida la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, y llamaron a fortalecer los mecanismos de cooperación y el intercambio de información para “rastrear, controlar y reducir el flujo ilegal de armas”.
“En este día interamericano, hacemos un llamado a la corresponsabilidad de todos los países de la región para atender las causas estructurales del tráfico ilícito de armas y reforzar las capacidades institucionales”, señaló Encinas al dar lectura al posicionamiento conjunto.
En la misma sesión, el consultor jurídico alterno de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ángel Reyes Moncayo, destacó la relevancia de la opinión consultiva emitida el pasado 5 de marzo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad de los Estados frente al tráfico ilícito de armas.
Recordó que el tribunal regional estableció que este fenómeno “constituye, además de un problema de seguridad humana, una cuestión vinculada a la garantía de los derechos humanos”, lo que implica obligaciones concretas para los Estados en materia de regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas.
Añadió que la Corte subrayó la necesidad de garantizar recursos judiciales efectivos a las víctimas y de fortalecer la cooperación internacional, al advertir que “ningún Estado puede enfrentar este fenómeno por sí solo”.
Reyes Moncayo sostuvo que la opinión consultiva representa “una brújula para la acción colectiva y una guía clara para avanzar hacia una sociedad en paz”, al tiempo que reiteró el llamado de México a construir respuestas compartidas entre gobiernos, empresas y sociedad civil para frenar el tráfico ilícito de armas en la región.
