En el año 2024, México celebrará su cuarto proceso electoral federal como democracia electoral desde la transición democrática del poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al opositor Partido Acción Nacional (PAN) en el año 2000, poniendo fin a 70 años de gobierno autoritario.
No muy avanzada su transición democrática, los casos de violencia letal y desaparición forzada, entre otros tipos de violencia, comenzaron a aumentar dramáticamente en México.
A pesar de ser, según todos los indicios, una democracia electoral, durante los últimos 17 años México ha estado atravesando lo que varios organismos internacionales de monitoreo de derechos humanos han caracterizado como una crisis de violaciones de derechos humanos e impunidad.
¿Qué sucede cuando algo que debería ser excepcional –una crisis– se convierte en parte habitual del funcionamiento diario de las instituciones públicas y, más significativamente, de la vida cotidiana de los ciudadanos más vulnerables del país: niños, adolescentes, mujeres, periodistas, defensores de los derechos humanos? ¿Defensores e incluso políticos locales?
Las explicaciones causales que se han propuesto para abordar la desconcertante doble realidad de que México es una democracia y una sociedad muy violenta son variadas. Podemos encontrar puntos en común en al menos cuatro de ellos.
La primera es “la punta de la espada”: la intensificacióna partir del mandato del presidente Felipe Calderón (2006-2012), del despliegue de fuerzas militares y agencias de aplicación de la ley federales y estatales militarizadas para abordar cuestiones relacionadas con el crimen.
El siguiente es el «respuesta poco común:» el hecho de que los actores criminales organizados contraatacaron con “balas y sobornos”.
La tercera explicación es el factor de oportunidad: el aumento en el disponibilidad de armas ilegales fluyendo de Estados Unidos a México debido a las políticas relajadas de control de armas en el vecino del norte, proporcionando más y más herramientas mortíferas para librar estas luchas..
Por último, la violencia también puede explicarse en parte por la paradoja de la propia democratización local en contextos frágiles, donde aumentando La competencia democrática ha tendido a desestabilizar acuerdos de colusión entre el Estado y el crimen organizado, que conducen a violencia criminal a gran escala.
En este contexto, México está entrando en la Proceso electoral nacional 2024. Aquí quiero destacar dos enfoques en proyectos que surgen del trabajo de Justicia Transicional en México (JTMX), el centro de pensamiento y acción sobre temas de impunidad en el país que he dirigido durante los últimos dos años.
El primer enfoque tiene lugar a nivel micro o local. Al asociarse con el Centro Guernica para la Justicia Internacional para documentar y rastrear trayectorias de violencia En partes de un estado específico del país, Nayarit, durante un período relativamente prolongado (2011-2021), hemos adquirido un grado de comprensión, aunque superficial. sobre cómo la violencia se desarrolla y opera en las realidades locales.
En pocas palabras, en muchos ámbitos del país, la violencia establece las verdaderas reglas del juego y su recurso fusiona intereses privados, públicos e ilegales. El ejercicio de los derechos ciudadanos está fuertemente restringido en estos terrenos. Eso debería preocuparnos.
En segundo lugar, a nivel macro o nacional, un estudio reciente de JTMX explora las instituciones establecidas desde 2013 para abordar aspectos relacionados con la impunidad en violaciones graves de derechos humanos.
Estos incluyen sistemas nacionales como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), establecida en 2017, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), fundada en 2013, así como comisiones presidenciales que abordan situaciones específicas, como la comisión de la verdad de Ayotzinapa de 2018 y la Comisión de la Verdad de 2021. Comisión sobre violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, durante la “guerra sucia” de México. No hace falta decir que estas instituciones son simplemente la culminación de los reclamos de las víctimas y los movimientos que buscan mejores herramientas institucionales para abordar sus demandas de reparación.
Sin embargo, a pesar de las soluciones parciales — e incluso con un mayor apoyo del gobierno federal en algunos temas, como abordar las desapariciones — su promesa ha comenzado a desvanecerse, como lo ejemplifica una estrategia cuestionable para Reducir el número de desapariciones denunciadas.El entrelazamiento de la impunidad con el sistema político del país plantea interrogantes sobre el compromiso de los tres candidatos presidenciales para abordar la impunidad: el elefante en la habitación. Este año será clave. Y el tiempo apremia.
Este artículo fue publicado originalmente por el Instituto México en el Wilson Center
Jorge Peniche Baqueiro es especialista en temas relacionados con el combate a la impunidad y la justicia transicional. Anteriormente se desempeñó como Director Ejecutivo de “JT MX. Justicia Transicional en México” (JT MX), un think and do tank que, desde 2019, ha estado brindando apoyo técnico a procesos locales y de base que buscan verdad y justicia para graves violaciones de derechos humanos en todo México.
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