Por lo tanto, no debería sorprender que la confianza del público en la corte haya caído precipitadamente. De acuerdo a Gallup, la aprobación pública del tribunal, que había estado entre el 60 y el 70 por ciento, cayó a un mínimo histórico del 40 por ciento en septiembre de 2021. Gallup asoció la caída con la negativa de los jueces a bloquear el Proyecto de Ley Senatorial 8, flagrantemente inconstitucional de Texas, un proyecto previo a Ley Dobbs que efectivamente cerró el aborto en el estado al autorizar a miembros del público a actuar como vigilantes y demandar a los médicos por realizar abortos después de seis semanas de embarazo. El desfavor del público ha resultado arraigado e inusualmente persistente. En septiembre de este año, dos años después de la caída inicial, Gallup descubrió que la aprobación pública se mantenía cerca del mínimo histórico, del 41 por ciento.
Lo que no podemos saber son las implicaciones a largo plazo de una alienación pública sostenida de la corte. La situación actual ha trastocado las apreciadas teorías de la ciencia política sobre la relación entre el tribunal y el público. James Gibson, politólogo de la Universidad de Washington en St. Louis, ha sido uno de los principales exponentes y promotores de la “teoría de la legitimidad”, una visión ampliamente difundida de que una capa de “apoyo difuso” – “una reserva de buena voluntad”, como lo pone en un reciente artículo académico publicado en línea: protege a la Corte Suprema de consecuencias negativas duraderas cuando emite decisiones impopulares.
La teoría fue sometida a su mayor prueba anterior hace 23 años en Bush contra Gore, el caso que decidió las elecciones presidenciales de 2000 a favor de George W. Bush. Muchos comentaristas, y los propios jueces disidentes, predijeron que el tribunal sufriría una herida autoinfligida duradera por su intervención en el corazón de la política estadounidense. Pero eso no sucedió. La aprobación pública del tribunal se recuperó rápidamente. Aun así, años más tarde, la jueza O’Connor, que había votado con una mayoría de 5 a 4, pareció indicar que consideraba la intervención del tribunal como una error.
En su artículo, que se publicará en el American Journal of Political Science, el profesor Gibson señala que el tribunal no se está recuperando del caso Dobbs como lo hizo en el caso Bush contra Gore. Bajo el título “Pérdida de legitimidad: los desafíos del fallo Dobbs a la teoría de la legitimidad convencional”, sugiere que ha ocurrido algo tal vez sin precedentes, incluso “siniestro”, a medida que la reserva de buena voluntad aparentemente se ha agotado. Los datos que recopiló después de Dobbs desafiaron su propia suposición de que “la legitimidad de la Corte Suprema es obstinada, difícil de cambiar en el corto plazo”, lo que lo llevó a concluir que él y otros defensores de la teoría de la legitimidad “pueden estar equivocados”. De hecho, la legitimidad de la corte puede estar “en mayor riesgo hoy que en cualquier otro momento desde el ataque de Franklin D. Roosevelt a la institución en la década de 1930”.
¿Importa siquiera la legitimidad? El profesor Gibson observa que “las instituciones percibidas como legítimas tienen una capacidad ampliamente aceptada para emitir juicios vinculantes para una comunidad política; quienes carecen de legitimidad a menudo encuentran que se cuestiona su autoridad”. Es posible que pronto veamos una prueba de esas palabras. Los jueces probablemente pensaron que tenían un respiro antes de que el tribunal quedara atrapado en las próximas elecciones presidenciales. Cualquier suposición de este tipo quedó destrozada el lunes cuando Jack Smith, el fiscal especial que procesa al expresidente Donald Trump por cargos de conspiración para anular las elecciones de 2020, preguntó al tribunal para eludir una apelación pendiente y pronunciarse con extraordinaria rapidez sobre el reclamo de inmunidad procesal de Trump.
