Ciudad de México. Con una discusión de solo una hora, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este mediodía el dictamen de la Ley Federal de Derechos para 2025 y entró a la discusión del proyecto de Ley de Ingresos, que se discutirán mañana mismo en el pleno.
El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, detalló que los ingresos por derechos se incrementarán 123 por ciento, respecto del ejercicio fiscal en curso.
Con los cambios propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Ley Federal de Derechos, se confirma que la Secretaría de la Defensa recibirá 67 por ciento de los ingresos que se obtengan por el derecho de visitante extranjero, para financiar la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la aerolínea administrada por el ejército, Mexicana. A cada persona que ingrese al país se le cobrarán 860.56 pesos.
La oposición reclamó que las disposiciones previstas en la ley determinan que “la recaudación del 33 restante deberá concentrarse en la Tesorería de la Federación y no tendrá destino”, lo cual abona a la opacidad en el manejo de esos recursos.
Asimismo, la ley prevé que los ingresos por la cuota que se cobra por el uso o goce de aeropuertos federales se distribuyan en 60 por ciento para la Secretaría de la Defensa y 40 por ciento a la Secretaría de Marina, para que operen “los sistemas aeroportuarios que cada dependencia coordina, sus necesidades operativas, de infraestructura e inversión”.
Además, la comisión confirmó la propuestas para cobrar una cuota de 223. 09 pesos a cada persona que abandone el país en vuelos internacionales por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos nacionales, con objeto de destinar esos recursos a incrementar la infraestructura dl Instituto Nacional de Migración.
Con los cambios, las escuelas de aviación tendrán que pagar un derecho que hasta ahora tenían exento, debido a que -se explica en el dictamen- sus operaciones requieren de uso de infraestructura de control aéreo.
Entre las exenciones que se incluyen, se favorece a los clubes de radio aficionados de rescate y a las radiodifusoras de uso social comunitario o de pueblos y de comunidades indígenas y afro mexicanas, quienes no pagarán el derecho por telecomunicaciones.
Mientras que los derechos especiales que pagan las empresas mineras pasará de 7.5 por ciento a 8.5 por ciento. Los ingresos por este derecho se transfirieron el sexenio pasado al programa La escuela es nuestra y diputados de Zacatecas y Durango pidieron que parte de los recursos se destinen a mitigar la contaminación que causan las compañías mineras, sobre todo las trasnacionales.
