Recordemos que hace unas semanas Joe Biden, hizo públicamente una negociación que intenta con los republicanos del Senado, dirigida a limitar drásticamente el arribo de refugiados y migrantes a la frontera sur de Estados Unidos.
Aunque no es un acuerdo firme, ya que todavía encuentra poderosas resistencias, entre otras, de Donald Trump, que ha hecho todo para impedirlo.
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Sin embargo, sobre la iniciativa implicaría un profundo cambio en la legislación migratoria de Estados Unidos y en el papel de la frontera con México.
La principal medida consiste en cerrar la frontera que se aplicaría cuando sea excesivo el número de personas arribando, como ha sido el caso durante los últimos meses.
Es decir, en las actuales condiciones de movilidad procedería en automático la implementación del cierre que posiblemente duraría dos semanas mientras los flujos disminuyen.
¿QUÉ SIGNIFICA EL CIERRE FRONTERIZO?
El cierre consiste en la imposibilidad de procesar solicitudes de asilo para quienes lo intenten durante el periodo “cerrado”, salvo acotados casos excepcionales.
De acuerdo con filtraciones de la iniciativa, si en determinada semana ocurrieran más de cuatro mil arribos por día, se procedería al cierre; si fueran más se implementaría de manera más estricta. O, si en determinado día la cifra superara ocho mil 500 eventos en total, igual se aplicaría.
La referencia sobre la cantidad de personas que llegaron a la frontera, durante diciembre de 2023, fue de un promedio diario, de 10 mil migrantes.
Lo anterior está dirigido contra personas refugiadas, particularmente, para quienes la posibilidad de solicitar asilo se negaría cuando se exceda el límite establecido y solamente se aceptarían un número limitado de solicitudes bajo determinadas condiciones.
Esto llevará a que las personas afectadas serían retornadas a México sin mayores trámites, o repatriadas a sus países de origen.
También si intentaran más de una vez el cruce fronterizo, tendrían por sanción un año de veto para cualquier otro intento de ingreso a Estados Unidos.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al parecer, asumió sus posibles consecuencias de manera incondicional, reiterando la actitud pasiva que ha mostrado con la aplicación de previas iniciativas del gobierno de Estados Unidos.
Como fueron los conocidos “Quédate en México” y las expulsiones exprés justificadas por la emergencia de salud por la pandemia del covid (“Título 42”) durante la administración de Trump.
Es previsible que las nuevas iniciativas del gobierno de Biden impliquen convertir (aún más) a las ciudades fronterizas mexicanas en masivos campamentos y en estrechos embudos de un flujo humano caracterizado por la desesperanza y una profunda crisis social. La escala de la movilidad humana que transita actualmente por México –incluyendo a la originada desde nuestro país– es cinco veces mayor que la existente en 2018.
Lo cierto es que no va a disminuir esta enorme movilidad en los próximos meses, pero sí puede enfrentar obstáculos mayores como el “cierre fronterizo” y, además, seguramente encontrará una más afilada maquinaria de contención migratoria por parte del gobierno mexicano, de acentuado perfil militarizado. Hay más esfuerzos en esa dirección que hacia la procuración de asistencia humanitaria o en políticas de protección e inclusión de refugiados en México, como debiera suceder conforme a los principios de nuestro marco jurídico.
Por lo pronto, si fuera exitoso Biden en la negociación de su proyecto, el problema que surgirá de inmediato es determinar cómo y quién regulará el orden de prioridad para la parte “permitida” de arribos a la frontera sur de Estados Unidos cuando no esté “cerrada”.
También, si la frontera se “cierra”, queda pendiente cuáles condiciones y previsiones encontrarán las personas que encuentren las puertas fronterizas bloqueadas, sin posibilidad de solicitar de asilo.
De acuerdo con Proceso, el proyecto que el gobierno de Biden intenta implementar es complejo y tiene un número de medidas adicionales al “cierre fronterizo”. Por ejemplo, acelerar los procesos de asilo para que no duren más de seis meses, en vez de los años que ahora pueden tardar; al mismo tiempo, propone agilizar los procesos de deportación. También, que las personas que estén en trámite de asilo puedan trabajar de manera autorizada en Estados Unidos y no tener un periodo de retención.
Incluye, además, incrementar el número de jueces migratorios, el personal de la patrulla fronteriza y de los encargados de procesos de asilo, además de mejorar las tecnologías de vigilancia fronteriza, entre otros cambios que han filtrado los medios.
Para nadie es desconocida la enorme carga política que está detrás de las nuevas iniciativas migratorias de Biden. Para el futuro del Partido Demócrata –debido a una coyuntura política que ha puesto a la migración como asunto crucial– las elecciones presidenciales de este año están atadas a reducir drásticamente el número de personas que arriban irregularmente a la frontera sur de Estados Unidos. Por el contrario, para el Partido Republicano y para su probable candidato presidencial, Donald Trump, su futuro electoral y agenda de campaña depende de que persista la “crisis migratoria” en la frontera con México.
