La administración Biden está dando señales silenciosas de un nuevo apoyo para confiscar más de 300 mil millones de dólares en activos del banco central ruso escondidos en naciones occidentales, y ha iniciado conversaciones urgentes con sus aliados sobre el uso de los fondos para ayudar al esfuerzo bélico de Ucrania en un momento en que el apoyo financiero está disminuyendo, según a altos funcionarios americanos y europeos.
Hasta hace poco, la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, había sostenido que, sin la acción del Congreso, confiscar los fondos “no era algo legalmente permitido en Estados Unidos”. También ha habido preocupación entre algunos altos funcionarios estadounidenses de que las naciones de todo el mundo dudarían en mantener sus fondos en la Reserva Federal de Nueva York, o en dólares, si Estados Unidos estableciera un precedente para confiscar el dinero.
Pero la administración, en coordinación con el Grupo de los Siete países industrializados, ha comenzado a examinar de nuevo si puede utilizar sus autoridades existentes o si debería buscar la acción del Congreso para utilizar los fondos. El apoyo a dicha legislación ha ido aumentando en el Congreso, lo que ha dado a la administración Biden optimismo de que se le podría otorgar la autoridad necesaria.
Las conversaciones entre ministros de finanzas, banqueros centrales, diplomáticos y abogados se han intensificado en las últimas semanas, dijeron funcionarios, y la administración Biden presionó a Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón para que elaboren una estrategia antes del 24 de febrero, el segundo. aniversario de la invasión.