El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez, encabezó ayer por última vez la sesión de la Comisión de Administración, uno de los frentes de disputa entre los magistrados que alentaron a tres de ellos a exigirle la renuncia.
A 15 días de dejar el cargo, acudió al informe de la ministra Norma Piña y divulgó una fotografía al momento de saludarla, mientras que sus colegas disidentes, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, se retrataron aparte con la superioridad del Poder Judicial.
Antes, Reyes Rodríguez volvió al tema del uso de recursos del TEPJF, uno de los puntuales por los que supuestamente sus compañeros le perdieron la confianza y le exigieron la dimisión.
Por lo pronto, argumentó que en 2022 el TEPJF no recibió ninguna observación de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el ejercicio de recursos, y agregó que el Tribunal ha presentado proyectos presupuestales “responsables y racionales”.
El ejercicio 2023 tuvo un crecimiento real de 3.6 por ciento en comparación con 2022, y el de 2024 fue menor 25 por ciento al de 2018, años electorales comprables, además de gasto fijo sin crecimiento, sostuvo.
Del trabajo de la Comisión resaltó que de septiembre de 2021 a noviembre de 2023 ha emitido 797 acuerdos “que permitieron que hoy tengamos un tribunal más profesional, con una política de calidad de gasto y más transparencia y eficiencia”.
Aseveró que tales medidas consolidaron “un Tribunal abierto como una caja de cristal a la vista de la ciudadanía”.
Dijo que debe reforzarse la reducción del gasto no indispensable, y seguir elaborando proyectos presupuestales justificados.
La Comisión de Administración del Tribunal está integrada por magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura Federal.
Responsabilidad de gobernadora
En tanto, la Sala Especializada del TEPJF resolvió que la gobernadora
Layda Sansores hizo uso indebido de tiempos en la televisión pública por expresiones en el espacio “El martes del jaguar”.
En las emisiones, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, fue calificado como ‘traidor a la patria’, por votar contra la reforma eléctrica.
La imputación es un delito previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal por lo que su contenido fue considerado calumnioso.
Igualmente en el programa del gobierno de Campeche se le imputó a Moreno delitos como robo, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, así como hechos falsos.
El pleno de la Sala Especializada consideró que la gobernadora y funcionarios de comunicación social de la entidad compraron tiempos en televisión para divulgar propaganda calumniosa contra la dirigencia del PRI, cuando estaban en curso seis procesos electorales.
Por tanto se le dio vista al Congreso de Campeche para que determine lo que en derecho corresponsa, y a la emisora de televisión se le impuso una multa.
En otro asunto, en el que se denunció igualmente a Sansores y a Claudia Sheinbaum, los magistrados dijeron que no se acreditaron actos anticipados de precampaña y campaña.
