Los mexicanos que han muerto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en lo que va del segundo gobierno de Donald Trump no han estado, en su mayoría, bajo la responsabilidad directa del gobierno estadunidense, sino de empresas privadas. Desde el inicio de esa administración, 17 connacionales han fallecido: 14 bajo resguardo del ICE y tres en operativos migratorios. De esas 14 muertes, nueve –64 por ciento– ocurrieron en instalaciones operadas por dos compañías, GEO Group y CoreCivic, y una más durante un traslado a cargo también de GEO Group, según los expedientes oficiales y las páginas de las empresas revisadas por La Jornada.
Ninguna instalación concentra tantas muertes como el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California: ahí han fallecido cuatro connacionales, todos bajo custodia de GEO Group. Fue justamente tras una de esas muertes que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió, desde marzo pasado, una revisión inmediata del sitio por “graves omisiones y evidentes deficiencias” en la atención médica.
Ese reclamo de marzo resultó insuficiente. El jueves pasado, tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo –baleado por un agente del ICE durante un operativo–, el canciller Roberto Velasco Álvarez anunció que México pasa del reclamo diplomático a la acción legal directa contra las empresas privadas.
La SRE enviará cartas de “cese y desistimiento” –una figura del derecho estadunidense para iniciar una acción civil– a los operadores de los centros donde han muerto mexicanos, además de pedir a la Fiscalía General de la República que presente denuncias penales ante las autoridades de Estados Unidos. El propio Velasco explicó que estas cartas buscan que las empresas “dejen de realizar estas acciones” y “cambien estas condiciones”, aunque aclaró que la responsabilidad de cada compañía “deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes”.
Las complicaciones médicas son la causa individual más frecuente entre los 17 fallecimientos: seis casos, casi todos documentados en centros operados por GEO Group o CoreCivic. El expediente de José Guadalupe Ramos Solano, detenido en Adelanto, registra que el personal de enfermería anotó “lecturas que oscilaron entre 123 y más de 600” miligramos de glucosa por decilitro durante casi un mes, sin que fuera trasladado a un hospital hasta el día de su colapso. El de Alberto Gutiérrez Reyes, también en Adelanto, documenta que “sufrió una convulsión” y presentó anomalías renales y de coagulación horas antes de morir por un paro cardiaco. Y el de Óscar Duarte Rascón, detenido originalmente por CoreCivic en Eloy, Arizona, describe meses de hospitalización por una enfermedad neurodegenerativa antes de que los médicos determinaran que ya no sería reanimado.
GEO Group, la empresa con más muertes de mexicanos bajo su custodia, ha sido también la más beneficiada económicamente por la expansión de la detención migratoria: reportó una ganancia de 254 millones de dólares en 2025, casi 700 por ciento más que un año antes, atribuida por la propia compañía a nuevos contratos con el ICE. Sólo el contrato de Adelanto le representaría 31 millones de dólares adicionales de ganancia anual al operar a máxima capacidad, según cifras que la empresa reportó a sus inversionistas y que fueron citadas en una demanda de acción colectiva presentada en enero pasado ante una corte federal de California
Expandir la capacidad
De acuerdo con organizaciones civiles, el ICE no opera directamente la mayoría de sus centros: los contrata con empresas privadas o con cárceles de condado, mediante convenios que le permiten expandir su capacidad de detención sin construir ni administrar instalaciones propias. En marzo de 2026, un promedio de más de mil personas era detenido diariamente en 20 de las instalaciones más grandes del país, y 19 de esas 20 eran operadas por empresas privadas, según un análisis del Vera Institute of Justice basado en registros del ICE.
Para la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, el patrón no es casualidad: los contratistas privados del ICE están “incentivados a recortar personal médico y negar atención” con el fin de maximizar el retorno para sus accionistas.
