En 2027 la deuda pública equivaldrá a 55 por ciento del producto interno bruto (PIB), luego de llegar a 54.7 por ciento al cierre de este año y a 53.2 por ciento en 2025, estimó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Precriterios de Política Económica 2027.
De acuerdo con la dependencia, esta proporción se compara favorablemente con la de otras economías de la región.
Raúl Feliz, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) coincidió en que el endeudamiento es menor al promedio de los países que tienen el mismo rango de inversión.
“La situación no es muy mala comparada con la de países que tienen el mismo grado de inversión, pero Hacienda está proyectando un déficit de 4.1 por ciento. La pregunta es: ¿cuánto estamos invirtiendo?” La inversión programada equivale a 2.5 por ciento del PIB, lo que significa que “estamos pidiendo 1.6 por ciento de deuda para financiar gasto corriente. No es una buena práctica”, advirtió.
El analista destacó que esto se ha hecho desde hace al menos cinco años, lo que “debilita las finanzas públicas. No es una catástrofe, pero tampoco deberíamos pedir prestado para financiar gasto corriente.
“Si seguimos endeudándonos para financiar programas sociales y gasto corriente, a la larga vamos a tener problemas, a menos que la economía aumente su crecimiento, lo que no se ve cerca”, agregó.
Raúl Feliz comentó que debiera aumentarse el superávit primario de 0.5 a uno por ciento y tratar de crecer un poco más. “Con eso se arreglan las finanzas públicas, pero necesitamos invertir más y tener un superávit primario un poquito más grande. Hay una regla de ahorro en las finanzas públicas: no endeudarse para gasto corriente”, sino en proyectos de capital e inversión que generen sus propias fuentes de pago.
A su vez, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) planteó en un análisis que desde 2009 existe un desequilibrio presupuestario, ya que el gasto público ha estado por encima de la capacidad recaudatoria del Estado. “Esta situación está enmarcada en ingresos petroleros decrecientes, así como en mayores gastos en pensiones, transferencias a Pemex y costos de la deuda”.
Precisó que de 2009 a 2026 el costo de la deuda pasó de 2.1 billones de pesos (precios de 2026) a 4.1 billones, lo que representó un aumento real de 95.2 por ciento.
Desde 2015 el pago de comisiones e intereses por contratar deuda se convirtió en un gasto mayor al destinado a educación pública.
