Zacatecas, Zac. La intervención de las organizaciones del crimen organizado en el sector minero del país, “se ha convertido en un cáncer que es promovido por los capitales extranjeros, sobre todo mineras canadienses y norteamericanas”, afirmó éste jueves Óscar Alzaga Sánchez, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana, (Sindicato Minero).
En nombre de Napoleón Gómez Urrutia, presidente nacional del Sindicato Minero, el abogado Alzaga fijó la postura de dicha representación, durante la realización del seminario nacional “La voz de las comunidades, los trabajadores y la academia”, realizado en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde también se demandó al gobierno federal que exija a Germán Larrea Mota Velasco remediar los daños ambientales y a la salud provocados en los ríos Sonora y Bacanuchi, y que se le castigue penalmente por el homicidio industrial de Pasta de Conchos, donde murieron 67 mineros en el año 2006.
Recordó el conflicto que actualmente tiene esa organización sindical con la minera Peñasquito, “una de las minas más ricas de México, y como la mayoría de las minas pertenece a dueños extranjeros, la mayoría canadienses, pero también norteamericanos, así como de Corea y Japón”.
Específicamente dijo Alzaga Sánchez, en el caso de Zacatecas hay dos conflictos con trasnacionales mineras extranjeras: Camino Rojo de la canadiense Orla Minning, y Peñasquito de la norteamericana Newmont.
En el caso de Camino Rojo, desde mayo de 2024 “el patrón canadiense con gerentes y abogados mexicanos, ha hecho poco caso de las leyes mexicanas, en particular en lo que se refiere a libertad sindical”.
Camino Rojo a través de sus gerentes y abogados mexicanos ha estado impidiendo que los dirigentes electos por los trabajadores del Sindicato Minero desarrollen sus actividades como representantes de los trabajadores, y ha estado llamando a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, la FNSI de Monterrey “que no es otra cosa más que sindicatos blancos, que quieren meter sustituyendo al Sindicato Minero”.
El colmo de este asunto, lamentó Alzaga Sánchez, es que “desde mayo de 2024 han llegado a llamar a mafias de narcotraficantes que prestan sus servicios a las empresas mineras”.
“Esto es un cáncer que vive nuestro país, que es promovido por el capital extranjero, entiéndase bien; son sobre todo las empresas canadienses y norteamericanas, mineras, metalúrgicas y siderúrgicas, las que recurren a estas formas de control sindical”.
La presión e intimidación que realizan las transnacionales extranjeras, contra la libertad de asociación sindical de los trabajadores mineros que simpatizan con el Sindicato Minero, se debe a que esta representación que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, “es el único que ha realizado huelgas en el presente siglo”.
El Sindicato Minero exige a las compañías extractivas mejores salarios, estabilidad en el trabajo y no trabajo eventual, seguridad en las minas y en los centros metalúrgicos, porque es sabido, dijo el abogado sindical, “la actividad con mayor número de riesgos para la salud de los trabajadores y su vida, es la minería”.
Pero hay compañías que no cumplen con las medidas de seguridad laboral más elementales, y “el mejor ejemplo es Grupo México, de Germán Larrea, que en la mina de Cananea rompió la gigantesca presa de jales por falta de mantenimiento, por negligencia, inundando con metales pesados y desechos químicos, los ríos Sonora y Bacanuchi”.
A más de una década de esa tragedia, los impactos negativos graves persisten aseguró Alzaga Sánchez, no sólo para la salud de la minera, sino de todos los habitantes de esa región de Sonora, contaminando el agua de una manera permanente y afectando la flora y fauna del lugar “porque las medidas de seguridad estaban descuidadas por la empresa”.
También Germán Larrea incurrió en negligencia criminal cuando ocurrió el derrumbe de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, aquel 19 de febrero de 2006, donde quedaron atrapados 65 trabajadores mineros, y con la colusión criminal de Vicente Fox Quesada, eludió su responsabilidad:
“Al quinto día del derrumbe, sin saber todavía ni las autoridades ni Germán Larrea cuántos mineros estaban vivos, le pidió públicamente a Fox, que suspendiera el rescate de los mineros, con lo cual la consecuencia fueron 63 mineros muertos… no quisieron esforzarse en el rescate de los mineros que posiblemente estaban vivos”.
Unas semanas después, en la mina San José, en Chile, en un accidente similar, “un gobierno y una empresa más responsables, rescataron a los trabajadores mineros atrapados en el derrumbe, 17 días después, vivos todos. Por eso insistimos en que Larrea y Fox cometieron en Pasta de Conchos un homicidio industrial”.
