Guanajuato, Gto. El Congreso de Guanajuato reformó el delito de cobranza extrajudicial para castigar a quien violente o intimide no sólo al deudor, sino también a familiares, avales o personas con vínculos afectivos, con el fin de exigir el pago de préstamos informales como los llamados “gota a gota” o derivados de obligaciones legales.
Por unanimidad, los diputados reformaron el artículo 176-A del Código Penal estatal para ampliar la protección contra la cobranza extrajudicial e incrementar las penas cuando el delito sea cometido por un servidor público.
La cobranza extrajudicial se sanciona con uno a cuatro años de prisión y de 10 a 40 días de multa.
“Se entiende por cobranza extrajudicial ilícita el uso de violencia o intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de un crédito o deuda derivada de una obligación contenida en las leyes, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de realizar la cobranza”, establece el artículo previo a la reforma.
Los legisladores añadieron que el delito se configura también cuando las conductas se dirijan contra el “deudor o alguien con quien tenga un vínculo familiar, afectivo o que haya fungido como referencia o aval”.
Asimismo, aumentaron las penas en dos tercios del mínimo y del máximo cuando en el delito intervenga un servidor público.
El dictamen de la Comisión de Justicia señala que en Guanajuato existe una problemática creciente por el uso de violencia e intimidación en la cobranza de préstamos conocidos como “gota a gota”.
“Ciertas organizaciones delincuenciales han adoptado el sistema de prestar dinero de manera fácil, con mínimos requisitos, sustituyendo en algunos casos a las instituciones de la banca múltiple”, refiere la exposición de motivos de la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios del PAN y del PRI.
Añade que estos préstamos suelen ser impagables debido a intereses diarios, semanales y recargos acumulativos por retrasos.
En tribuna, el diputado panista Rolando Fortino Alcántar Rojas sostuvo que, si bien se reconoce el cobro legítimo de deudas, cuando se recurre al terror para exigir pagos, debe ampliarse la protección a las víctimas.
El diputado priista Alejandro Arias Ávila señaló que la reforma busca erradicar los préstamos “gota a gota”, que afectan a comerciantes, adultos mayores y familias enteras.
