Durante este año, se han recibido reportes de 20 instituciones financieras que habían sido afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
En 2023, la oficina registró 208 reportes de instituciones financieras que habían sido afectadas por este problema.
En este sentido, recomendó a las personas interesadas en obtener un crédito o cualquier otro servicio financiero, estar alertas del modus operandi de los suplantadores, el cual se ha detectado que usualmente es el siguiente: utilizan (sin autorización), nombres comerciales, denominaciones sociales y/o imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas, cambiando una o varias letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar al público, haciendo uso tanto por medios convencionales, en folletos, como en medios digitales (páginas de internet, redes sociales, aplicaciones móviles, correos electrónicos, etc.).
Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o mensajes de texto o acceder a la misma a través de permisos de aplicaciones móviles, poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles. Contactan a los clientes solicitando datos personales y confidenciales por medio de engaños, recuerda que las instituciones financieras no solicitan datos personales ni contraseñas o claves, contacta siempre a tu institución financiera para verificar el contacto.
Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria, a nombre de una empresa o persona física distinta a la entidad financiera suplantada, con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10 % del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde mil hasta doscientos mil pesos. Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores. Es cuando los afectados descubren que han sido engañados.
