El vocero de la principal compañía de telefonía móvil en el país ―Telcel, propiedad del magnate Carlos Slim― informó que ésta, al igual que todos los operadores, tiene la obligación de proporcionar información a las fiscalías cuando lo soliciten; la aclaración se hizo sin asumir ni negar de manera directa la información difundida por The New York Times sobre la vigilancia a políticos y funcionarios por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).
“En relación a la información dada a conocer por el @nytimes, les comento que @Telcel y todos los operadores están obligados, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otros, a proporcionar información a las Fiscalías”, publicó Renato Flores, vocero de la compañía, en la plataforma X, antes Twitter.
The New York Times publicó que la FGJ-CDMX solicitó a Telcel los registros telefónicos de políticos y funcionarios, entre ellos el alcalde con licencia de Benito Juárez, en la Ciudad de México, Santiago Taboada (PAN); los senadores Lilly Téllez (Morena, luego PAN) e Higinio Martínez Miranda (Morena) y Horacio Duarte (Morena), secretario de Gobierno en el Estado de México.
Flores detalló que de acuerdo con los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los concesionarios deben entregar la información que las fiscalías requieran.
De acuerdo con los artículos consignados, “los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes”.
A la vez, deben “colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable”.
