CDMX.- El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para imponer penas de hasta 15 años de prisión a quien acceda, altere o comercialice información gubernamental sensible, con el objetivo de proteger datos de la población.
La propuesta plantea que las bases de datos del Estado sean reconocidas como infraestructura crítica, al nivel de instalaciones eléctricas, de agua, hospitales o escuelas, con la intención de que los datos personales reciban una protección prioritaria dentro de los planes estratégicos del país.
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En la presentación pública, el experto en tecnología y seguridad digital Martín Barragán afirmó que uno de los activos más relevantes en la actualidad son las bases de datos y subrayó la necesidad de resguardar información como identidad, datos poblacionales y biométricos que se encuentren en posesión del Estado, mediante un marco jurídico que garantice su uso adecuado.
Barragán señaló que el planteamiento contempla sanciones severas para cualquier servidor público o persona que extraiga ilegalmente esa información, así como para quien hackee o vulnere los sistemas de seguridad, con el argumento de inhibir el delito y dar certeza a la ciudadanía sobre el resguardo de sus datos.
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El legislador Delgado Carrillo sostuvo que la vulneración de una base de datos poblacional implica afectar datos personales de la población bajo responsabilidad del Estado. “Si una base de datos poblacional es vulnerada, se vulneran los datos de la población, los datos personales de cada uno de nosotros y que están en responsabilidad del Estado”, expresó.
Añadió que, al etiquetar estos sistemas como infraestructura crítica, los planes y proyectos estratégicos tendrían que considerar como prioritario proteger y salvaguardar la información. En ese sentido, dijo que se propusieron “elementos punitivos” para sancionar a funcionarios que lucren con este tipo de bases.
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Por su parte, el diputado Óscar Bautista afirmó que la iniciativa contará con el respaldo de la bancada del PVEM y argumentó que los datos son tan importantes como una carretera o una vía de comunicación, al referirse a su valor para el funcionamiento del país.
En el plano institucional, la iniciativa plantea que la protección de los datos quede a cargo del Estado mexicano, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte del esquema propuesto para el resguardo y persecución de ilícitos.
