Guadalajara, Jal. En un universo de hasta 3 millones de usuarios, apenas poco más de 60 mil personas han recibido su tarjeta VISA Al Estilo Jalisco y otras 300 mil están en trámite de obtenerla para así, a cambio de sus datos biométricos, personales y de geolocalización, pagar 11 y no 14 pesos del aumento que a partir del 1 de abril comenzará a ser aplicado a la tarifa del transporte público, que hoy cuesta 9.50.
La coordinadora de Desarrollo Social del gobierno estatal, Andrea Blanco, reconoció que el ritmo de entrega no ha sido el planeado porque existieron “al principio algunas fallas en la plataforma” de registros, pero conforme ha avanzado el tiempo se ha mejorado. “Todavía tenemos trabajo que hacer, estamos trabajando muy de cerca con la empresa (financiera Broxel) para que todas estas fallas puedan ser solventadas. Pero bueno, hemos instalado los módulos, va bien la entrega”, agregó.
La campaña a favor de que la tarjeta sea tramitada por la ciudadanía, llena redes sociales y medios electrónicos, no sólo con comerciales institucionales del gobierno estatal, sino con funcionarios del gabinete claramente instruidos y con tiempo aire extenso en entrevistas para promocionar las supuestas bondades y beneficios de gestionar el plástico.
Colectivos y grupos opositores al aumento insisten a la población en que como medida de autoprotección y de repudio no tramite la tarjeta.
También convocan a nuevas marchas, como la del próximo domingo o piden firmar amparos colectivos para dejar sin efecto el tarifazo implementado por el gobernador Pablo Lemus, del partido Movimiento Ciudadano.
El senador morenista Carlos Lomelí anunció que presentó un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva “con la prontitud que la situación exige” el juicio de amparo presentado a su vez contra el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco.
Lomelí se mostró optimista de que el tarifazo pueda ser detenido con esta estrategia legal, luego de recordar que el año pasado se modificó la ley de amparo y ahora se permite que el Senado de la República tutele los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
