Ciudad de México. Frente al envejecimiento acelerado de la población, la pérdida de poder adquisitivo que esto acarrea y una menor población económicamente activa, “es indispensable que se tomen medidas (…), se va a tener que tomar una decisión radical”, expuso Rolando Silva Briceño, vicepresidente de Fiscal en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Entre las propuestas se podría hablar de un impuesto a los superricos para fondear un bono al nacimiento que se traduzca en el inicio para una pensión, explicó.
El especialista detalló que el tema de las pensiones se tiene que discutir más allá de “paliativos”, entre los planteamientos que podrían funcionar se cuenta el crear un fondo en el que se concentre un capital semilla de 15 mil pesos al momento de nacer y que éste se invierta a un plazo fijo de 65 años, lo que modificaría el panorama de las pensiones en México a un bajo costo. Para fondearlo, expuso Silva Briceño, se podría imponer un gravamen a los supermillonarios.
El integrante del IMCP consideró que hasta ahora los planteamientos que se han hecho sobre las pensiones “son paliativos” para resolver de manera inmediata un problema que eventualmente amenaza con volverse una “debacle si una parte importante de la población pierde el poder adquisitivo”. “El riesgo de las pensiones (…) es el de un colapso en la economía”, enfatizó. En algunos países se están tomando “medidas radicales”, como fomentar la migración, amplió.
En ese sentido, dijo que con la modificación que se hizo a partir de 2020 con la tabla de pensiones garantizadas, el Estado ya tendría que pagar un porcentaje importante para corregir la tasa de retorno con base en un porcentaje del salario promedio de toda la vida. Agregó que era absurdo el cálculo impuesto con la reforma de 1997, que con el 6.5 por ciento de aportaciones totales se iba a lograr alcanzar un mes de salario al retiro.
Con ese cálculo se tendrían que trabajar más de 200 años para alcanzar una pensión con una tasa de retorno de 100 por ciento, explicó; con la modificación que incrementó de 3.25 al 11.48 por ciento (a alcanzar en 2030) las aportaciones patronales, la contribución tripartita queda en 15 por ciento; y aún con ello aún se tendrían que trabajar 100 años para alcanzar un retorno completo del salario promedio de la vida laboral.
Es decir, la reforma no resolvió como tal la situación y discutirlo “no es sólo altruismo, el beneficio personal del pensionado, sino la necesidad de reactivar la economía, de no dejar que se caiga en una parálisis”, amplió Silva Briceño. Sin embargo, consideró que no ve probable que el gobierno federal aumente impuestos para financiar la brecha de recursos en orden de dar una pensión al 100 por ciento. Sería “un tanto contradictorio generar un impuesto para poder solventar la falta de recursos de las personas”, acotó.
Desde su lectura, enfatizó, la próxima administración probablemente no hará una reforma fiscal “vistosa” como las que se han realizado en otros gobiernos, con incrementos de tasas y nuevos gravámenes. Consideró que lo más probable es que se sigan las medidas de eficientar la recaudación a través de más disciplina fiscal y tecnología.
Su colega, el presidente de la Comisión Fiscal del IMCP, Víctor Cámara Flores, coincidió en que es más fácil para el contribuyente que pague, en lugar de tener un problema mayor; y para la finanzas en general, en lugar de plantear un impuestos a superricos, sería más rentable usar los sistemas tecnológicos para evitar la evasión y que “los negocios millonarios estén bien fiscalizados”.
