La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, en la que se condena a 90 años de prisión a efectivos militares por la ejecución extrajudicial de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, el 19 de marzo de 2010.
Indicó que la resolución “es un acto de justicia que reivindica a las víctimas”.
En un comunicado difundido hoy, señaló que la sentencia, dada a conocer desde el 17 de octubre pasado, acredita que los estudiantes Jorge y Javier no eran integrantes de ningún grupo criminal, ni se encontraban armados al momento en que fueron privados arbitrariamente de la vida.
Asimismo, constata no sólo la comisión del delito de homicidio calificado por parte de efectivos militares, sino también la conducta desplegada después de los hechos con el objetivo de alterar la escena del crimen, ocultar las evidencias, y obstaculizar el acceso a la justicia y a la verdad.
Igualmente la ONU-DH resaltó que la sentencia revela la importancia de contar con mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública.
En este sentido, recordó que dichas actividades corresponden primordialmente a los cuerpos de policía de carácter civil y que la participación de las Fuerzas Armadas en este ámbito debe ser temporal, “por lo que, en consonancia con lo que también han dicho otros organismos internacionales, urge a adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable, con plazos determinados y acciones específicas”.
Por otra parte, la ONU-DH también reconoció a las familias de Jorge y Javier “en su digno caminar en la búsqueda de verdad y justicia por más de una década, y a quienes las han acompañado a lo largo de este tiempo.
“Su andar no ha sido en vano; por el contrario, es una poderosa fuente de inspiración para otras víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.
También, se sumó a los familiares en alentar al Estado mexicano a adoptar medidas de satisfacción que reivindiquen la memoria de las víctimas, “así como a establecer políticas de protección en favor de las juventudes que de distintas maneras se ven afectadas por el contexto de violencia que sufre el país”.
