WASHINGTON.- En el marco de un sonado conflicto entre ideologías enfrentadas, la mayoría de la Corte Suprema se mostró reacia a bloquear la prohibición de Tennessee de que los menores reciban atención médica para la afirmación de su género.
La decisión de los jueces, que no se espera hasta dentro de varios meses, podría afectar a leyes similares promulgadas por otros 25 estados y a toda una serie de iniciativas para regular la vida de las personas trans, incluidas las competiciones deportivas en las que pueden participar y los baños que pueden utilizar.
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El caso llega a un tribunal dominado por los conservadores tras unas elecciones presidenciales en las que Donald Trump y sus aliados prometieron hacer retroceder las protecciones para las personas transgénero.
En los alegatos que se prolongaron durante más de dos horas el miércoles, cinco jueces conservadores expresaron diversos grados de escepticismo sobre los argumentos presentados por el gobierno de Biden y los abogados de las familias de Tennessee que impugnan la prohibición.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que votó en la mayoría en un caso de 2020 a favor de los derechos de las personas transgénero, cuestionó que los jueces, en lugar de los legisladores, deban pesar en una cuestión de regulación de procedimientos médicos, un área que normalmente se deja a los estados.
“La Constitución deja esa cuestión en manos de los representantes del pueblo, y no de nueve personas, ninguna de las cuales es médico”, dijo Roberts en un intercambio con el abogado de la ACLU Chase Strangio.
Los tres jueces liberales del tribunal parecen firmemente del lado de los demandantes. Pero no parece claro si alguno de los seis conservadores del tribunal estará de acuerdo. El juez Neil Gorsuch, que redactó la opinión mayoritaria en 2020, aún no se ha pronunciado.
En las horas previas a los alegatos hubo concentraciones en el exterior del tribunal. Los discursos y la música llenaron el aire de la acera bajo la escalinata de mármol del tribunal. Los defensores de la prohibición portaban pancartas como “Defendamos lo que Dios ha creado” y “La salud de los niños importa”, mientras que el otro bando proclamaba “Luchemos como madres por los derechos de las personas trans” y “Libertad para ser nosotras mismas”.
Hace cuatro años, el tribunal falló a favor de Aimee Stephens, quien fue despedida por una funeraria de Michigan después de informar a su dueño que era una mujer transgénero. El tribunal sostuvo que las personas transgénero, así como las personas gay y lesbianas, están protegidas por una ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación por sexo en el lugar de trabajo.
El gobierno de Biden y las familias y proveedores de atención médica que impugnaron la ley de Tennessee están instando a los jueces a aplicar el mismo tipo de análisis que la mayoría, compuesta por jueces liberales y conservadores, adoptó en el caso de hace cuatro años cuando encontró que “el sexo juega un papel inconfundible” en las decisiones de los empleadores para castigar a las personas transgénero por rasgos y comportamientos que de otro modo toleran.
El problema en el caso de Tennessee es si la ley viola la cláusula de protección igualitaria de la 14ª Enmienda, que requiere que el gobierno trate a las personas en situaciones similares de la misma manera.
La ley de Tennessee prohíbe los inhibidores de pubertad y los tratamientos hormonales para menores transgénero, pero no “de manera general”, escribieron los abogados de las familias en su informe ante la Corte Suprema. El abogado principal, Chase Strangio de la Unión Americana de Libertades Civiles, es la primera persona abiertamente transgénero que argumenta frente a los jueces.
El gobierno argumenta que no hay forma de determinar si “los tratamientos deben ser retenidos a cualquier menor en particular” sin considerar el sexo del menor.
“Eso es discriminación por sexo”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en su principal alegato judicial.
El estado reconoce que los mismos tratamientos que están prohibidos para los menores transgénero pueden ser prescritos por otras razones. Pero rechaza la afirmación de que está discriminando por motivo de sexo. En cambio, dice que los legisladores actuaron para proteger a los menores de los riesgos de “procedimientos de transición de género que alteran la vida”.
La ley “traza una línea entre menores que buscan medicamentos para la transición de género y menores que buscan medicamentos para otros fines médicos. Y tanto niños como niñas están a ambos lados de esa línea”, escribió el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, en el informe del estado ante la Corte Suprema.
Mientras que los demandantes invocan la sentencia de 2020 en el caso Bostock vs. Clayton County como apoyo, Tennessee se basa en la decisión Dobbs de la corte en 2022, que sentó un precedente y puso fin a la protección del aborto en todo el país y devolvió la cuestión a los estados.
Las dos partes se enfrentaron en sus alegatos jurídicos sobre el nivel apropiado de escrutinio que debe aplicar el tribunal. Es más que un ejercicio académico.
El nivel más básico se conoce como revisión de base racional, y casi todas las leyes que se examinan de este modo acaban siendo confirmadas. De hecho, el tribunal federal de apelaciones de Cincinnati que permitió la aplicación de la ley de Tennessee sostuvo que los legisladores actuaron racionalmente para regular los procedimientos médicos, dentro de sus competencias.
El tribunal de apelaciones revocó la decisión de un tribunal de primera instancia que había empleado un nivel de revisión superior, el escrutinio estricto, que se aplica en los casos de discriminación por razón de sexo. En este examen más minucioso, el estado debe identificar un objetivo importante y demostrar que la ley contribuye a alcanzarlo.
Si los jueces optan por el escrutinio estricto, podrían devolver el caso al tribunal de apelaciones para que lo aplique.
La atención a los jóvenes centrada en la afirmación del género cuenta con el apoyo de las principales organizaciones médicas, como la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.
Pero Tennessee señala a autoridades sanitarias en Suecia, Finlandia, Noruega y el Reino Unido que encontraron que los tratamientos médicos “plantean riesgos significativos con beneficios no probados”.
Ninguno de esos países ha adoptado una prohibición similar a la de Tennessee y las personas aún pueden obtener tratamiento, escribió Prelogar en respuesta.
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La familia Williams de Nashville, Tennessee, está entre quienes impugnan la ley estatal. Brian Williams dijo que como resultado de los inhibidores de pubertad y los tratamientos hormonales, su hija transgénero, L.W., es una “joven de 16 años que planea su futuro, hace su propia música y está revisando universidades”.
Pero debido a la prohibición de Tennessee, tiene que viajar a otro estado para recibir la atención médica que “nosotros y sus médicos sabemos que es adecuada para ella”.
