Cancún, QR. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), rescataron a ocho mujeres, una de ellas extranjera, víctimas de trata de personas, quienes eran obligadas a prestar servicios sexuales para saldar deudas impagables.
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas y en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, cumplimentó una orden de cateo en la que rescató a cuatro mujeres, víctimas de hechos constitutivos del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.
El mandamiento judicial fue ejecutado en un inmueble de la calle Isla Holbox, en la Supermanzana 32, en el centro de la ciudad, en donde localizaron a tres mujeres de nacionalidad mexicana y a una estadunidense.
Posteriormente, tras dar seguimiento a las investigaciones, las autoridades ubicaron un segundo domicilio en la Supermanzana 523, donde fueron resguardadas otras cuatro mujeres de nacionalidad mexicana. En total, las diligencias permitieron el rescate de ocho víctimas provenientes de los estados de Colima y Jalisco, así como de la ciudad de Chicago, Estados Unidos de América.
Durante los operativos aseguraron cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares, diversos chips telefónicos, dosis de presunta mariguana, preservativos y libretas con anotaciones sobre los servicios realizados.
El modus operandi del grupo delictivo consistía en captar a las víctimas a través de amistades, bajo la promesa de altos ingresos como acompañantes (escorts). Los tratantes se aprovechaban de su precaria situación económica para ofrecerles cubrir gastos de traslado y hospedaje; sin embargo, al llegar al municipio, les notificaban deudas de entre 6 mil y 10 mil pesos.
Una vez captadas, eran obligadas a realizar hasta cinco servicios sexuales diarios en jornadas de 12 horas, con tarifas de 2 mil 500 pesos por cliente, de los cuales los tratantes se beneficiaban con el 50 por ciento. Las indagatorias señalan que las víctimas eran forzadas a trabajar incluso durante su periodo menstrual, bajo amenazas de muerte contra ellas y sus familiares, además de sufrir maltratos y sanciones económicas que volvían su deuda impagable.
Tras concluir las diligencias, ambos inmuebles fueron asegurados y quedaron bajo resguardo de la FGE. Por su condición de vulnerabilidad, las mujeres fueron canalizadas a las autoridades correspondientes para garantizar su protección y atención integral.
