En entrevista para ‘Aristegui Noticias’, José Jorge Martínez, abogado, comunicólogo y consultor en asuntos públicos, destacó que el conflicto entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial “no es algo nuevo”, aunque ahora se da en el contexto de la reforma judicial.
Recordó que históricamente existía una relación de “docilidad del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo”, como sucedió durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, cuando removió a Carlos del Río como presidente de la Corte y lo envió a una embajada en Portugal.
TE PUEDE INTERESAR: Reforma judicial avanza con cambios, como indemnizaciones y permiso para que jueces puedan litigar tras dejar el cargo
Según Martínez, en ese momento “no había mayor ruido porque finalmente la Corte terminaba doblegándose”.
Martínez explicó que, aunque después de esa época el Poder Judicial ganó cierta independencia, aún persisten quejas, especialmente del Ministerio Público, sobre las decisiones de los jueces.
En su opinión, uno de los problemas centrales es la percepción que la ciudadanía tiene del Poder Judicial, principalmente porque “no está muy difundida la actividad del Poder Judicial Federal”.
Explicó que a veces se confunde al Ministerio Público con el juez y con la policía, “lo cual es lo más grave”, ya que la gente no siempre sabe la diferencia entre el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales, a cargo de los Tribunales de Justicia estatales; además de que muchas veces el primer contacto de las personas víctimas de un delito es con la policía o el Ministerio Público.
Martínez también advirtió sobre la falta de comunicación efectiva por parte del Poder Judicial para explicar su papel en la sociedad, especialmente en lo relacionado con el juicio de amparo y la protección de los derechos humanos.
TE PUEDE INTERESAR: Reforma judicial no garantiza una ‘mejor impartición de justicia’, afirma la Iglesia
“El Poder Judicial no actuó de una manera estratégica y más expedita para poder comunicar a la sociedad, no solo a los periodistas, que su función es una muy específica y que tiene que ver con el juicio de amparo y los derechos humanos, las garantías individuales”.
En cuanto al actual conflicto entre poderes, Martínez mencionó las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien acusó al Poder Judicial de interferir en las decisiones del Poder Legislativo.
Según el analista, esto podría conducir a la “abolición del juicio de amparo”, ya que esta herramienta está diseñada para cuestionar actos de autoridad, incluyendo los del Legislativo.
“Noroña, dice que hay una intromisión del Poder Judicial Legislativo, pues esto tiende a la abolición del juicio de amparo, porque precisamente el juicio de amparo trata de discutir un acto de la autoridad, en este caso un acto del Poder Legislativo.”
Martínez advirtió que la crisis actual podría llevar a un incremento de juicios de amparo, e incluso a casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y señaló que la situación actual pone en riesgo las “decisiones fundamentales de la Constitución de 1917”.
“Es grave la crisis, una crisis constitucional, porque lo que tenemos ahora es un desacato del Poder Legislativo a las decisiones de los jueces de distrito que pidieron detener la reforma, que no cancelarla, que no anularla porque luego se confunde, para darle vista a un análisis si el proceso del derecho parlamentario en la Cámara de Diputados es constitucional o no.”
Finalmente, destacó que con la actual crisis y eventual aprobación de la reforma, se está poniendo en duda la garantía del Poder Judicial “que es una garantía contra la autoridad”.
“Entonces, pues, estaríamos con una ruptura de la Constitución y en un terreno donde la Constitución ya no rige con las decisiones fundamentales”, concluyó.
Con información de Aristegui
