Stephen Miller acaba de incorporarse a la mesa donde Estados Unidos y México intentan destrabar su compleja relación comercial. El funcionario fue nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca.
La designación de Miller, de 41 años y hasta ahora subjefe de gabinete de políticas y asesor de seguridad nacional, responde a una reorganización tras la derrota del Partido Republicano frente a los demócratas en las elecciones intermedias.
Al sustituir a Susie Wiles, Miller asume el papel de “guardián” de la presidencia, una posición clave que controla los flujos de información, el personal y la agenda presidencial en medio de la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ideólogo de la fuerza y la tolerancia cero
Miller no es un especialista en comercio ni un economista: es el principal ideólogo del sector más radical del trumpismo. Además, es confidente y asesor de Donald Trump desde su campaña presidencial de 2016.
Durante el primer mandato republicano, Miller diseñó la política de “Tolerancia Cero” de 2018, que provocó la separación forzada de familias migrantes en la frontera sur. También impulsó el veto migratorio a varios países de mayoría musulmana.
La llegada de Miller a la jefatura de gabinete complica el proceso de negociación del T-MEC debido a las diferencias estructurales entre los objetivos de ambos países.
¿Miller cambia el tono de la negociación del T-MEC?
Para el nuevo jefe de gabinete, el eje central no es la integración económica ni las cadenas de valor, sino frenar drásticamente los cruces fronterizos y combatir al crimen organizado.
En contraste, el equipo negociador de México concentra sus esfuerzos en reducir el desequilibrio comercial bilateral, proteger la competitividad industrial de América del Norte frente a Asia y resolver las disputas arancelarias.
Miller sostiene de manera reiterada que la situación en México representa una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. Además, equipara a los cárteles con organizaciones terroristas y afirma que el crimen organizado domina amplias zonas del territorio mexicano y áreas cercanas a la frontera.
En este escenario, el comercio deja de ser un espacio de consenso económico y se convierte en un instrumento de presión. Así, Washington podría exigir concesiones, como intervenciones directas contra los cárteles en México.
Hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum responde a las amenazas de Trump con cifras, como la reducción de los cruces irregulares y las acciones contra el narcotráfico mediante mecanismos de inteligencia bilateral.
Sin embargo, fuentes cercanas al proceso reconocen que esta estrategia, centrada en datos, pierde fuerza frente a un operador estrictamente doctrinario como Miller, cuya llegada incrementa el riesgo de confrontación y la incertidumbre económica.
Históricamente, los funcionarios mexicanos buscaron evitar a Miller por considerarlo un interlocutor hostil. En su lugar, prefirieron gestionar las diferencias arancelarias a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, o del Departamento de Comercio.
Con Miller en la cúspide operativa de la Casa Blanca, los filtros técnicos de la política comercial estadounidense podrían quedar subordinados a los criterios de seguridad fronteriza. Esto elevaría sustancialmente el costo político y económico de cualquier acuerdo comercial para México.
Nota original: El Financiero
