La próxima administración de México “enfrentará decisiones difíciles” en términos fiscales ―que podrían ir desde eliminar exenciones de algunos impuestos hasta aumentar las tasas en otras contribuciones―, sobre todo por la “gran” reducción en el déficit público que proyecta el actual gobierno, la cual implicará un “lastre significativo” sobre el crecimiento de 2025 y revertirá el impulso esperado para 2024, considera el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El grupo de especialistas enviado por el FMI al país estima que el primer año de la próxima administración, el crecimiento económico sea de 1.5 por ciento, menor a los avances de 2023 y 2024, que el mismo pronostica, respectivamente, en 3.2 y 2.1 por ciento. La desaceleración de la actividad económica en México se debe a la “gran consolidación fiscal” ―reducción de la brecha entre ingresos y gastos―, que este gobierno deja al entrante, exhibió.
De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2024 entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso, se prevé que el próximo año el déficit público escale a 5.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) ―su mayor nivel en más de tres décadas― para luego reducirse a 2.6 por ciento.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ha explicado que ese incremento se debe al gasto contenido para completar las obras de infraestructura propuestos por la actual administración, al encarecimiento de los intereses de la deuda pública y a otros ajustes inflacionarios. Por lo que al concluirse las obras en 2024, se reducirán las presiones en el margen fiscal por el lado de las erogaciones.
Cumplir con ese paso de un déficit de 5.4 por ciento del PIB a uno de 2.6 por ciento “requeriría medidas fiscales sustanciales de alrededor del 2.5 por ciento del PIB, en su mayoría relacionadas con el aumento de los ingresos no petroleros (que están significativamente por debajo de sus pares latinoamericanos y de la OCDE)”, explicó el FMI.
Entre esas medidas de ajuste, propuestas por los especialistas del FMI, se encuentran el eliminar la tasa cero del impuesto al valor agregado y “racionalizar” los casos y productos en que se exenta el pago de esta contribución; ampliar el impuesto a la renta personal ―el organismo nada dice sobre el que pagan empresas, cuya tasa efectiva es menor que el de los trabajadores―; y aumentar los impuestos a la propiedad.
El organismo acotó que un marco fiscal de mediano plazo más sólido fortalecería la credibilidad de la política fiscal y garantizaría una mayor coherencia en la combinación de políticas. Así que entre los cambios propuestos se encuentran “un marco presupuestario creíble a mediano plazo; crear espacio fiscal adicional para una política fiscal más contracíclica en el futuro; cláusulas de escape más claras que se limiten a circunstancias excepcionales específicas”.
“Anclar la política en una trayectoria descendente de la relación deuda-PIB; y mejorar la capacidad de previsión fiscal. Un marco fiscal de este tipo institucionalizaría el compromiso de larga data del gobierno con la responsabilidad fiscal”. En ese punto, el FMI destaca que una mayor transparencia en las estadísticas fiscales mejoraría la rendición de cuentas, incluidas las transacciones realizadas por y entre entidades públicas, entre ellas fondos fiduciarios, empresas estatales y banca de desarrollo.
“Esto es particularmente importante dada la mayor presencia estatal en la energía y otros sectores que prevé la administración. Unas estadísticas mejoradas permitirán apreciar mejor las compensaciones entre las demandas contrapuestas de recursos públicos, así como los posibles riesgos fiscales y pasivos contingentes en los que se está incurriendo”, propuso en las conclusiones preliminares del personal técnico del FMI al final de su misión a México, como parte de las consultas periódicas estipuladas en el Artículo IV del Convenio Constitutivo del organismo.
