La semana pasada se aprobó en comisión una ley para prohibir la minería a cielo abierto en México y la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley cuando el Congreso vuelva a sesionar en septiembre.
La legislación tiene como objetivo proteger el medio ambiente y prevenir la escasez de agua en las comunidades cercanas.
La medida forma parte de un paquete integral de reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Congreso en febrero. El Congreso entró en receso a fines de abril, pero las comisiones han estado deliberando sobre las reformas, incluida una controvertida propuesta para reformar el poder judicial.
En México, las reformas constitucionales deben ser aprobadas por dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, así como por la mayoría de los congresos estatales. El partido gobernante Morena de López Obrador y sus aliados obtuvieron una victoria aplastante en las elecciones de junio. Ahora esperan un fallo del Tribunal Electoral Federal a finales de este mes para ver si obtuvieron mayorías calificadas en ambas cámaras.
López Obrador ha dejado en claro que desaprueba los contratos mineros que sus predecesores aprobaron para intereses privados: su administración no ha otorgado ninguna concesión nueva desde que asumió el cargo en 2018.
Además de la prohibición de la minería a cielo abierto y el fracking, si se aprueba, La reforma evitaría en gran medida la explotación del agua en zonas con escasez de agua.
La propuesta ha sido recibida con críticas por parte del sector minero.
La Cámara Minera de México (Camimex) afirma que las reformas causarían una contracción del 1% en el PIB de México (una pérdida de aproximadamente 250 mil millones de pesos) y amenazarían unos 200.000 empleos.
Esta legislación “tendría consecuencias devastadoras para el desarrollo y la estabilidad económica”, dijo Camimex en un comunicado. “Limitaría la capacidad de transformar los recursos naturales del país en oportunidades de desarrollo y frenaría la transición hacia energías limpias”.
Camimex afirma que el 60% del valor del sector minero de México proviene de la minería a cielo abierto.
Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalúrgicos y Geólogos (AIMMGM) insiste en que la prohibición pondría en riesgo la soberanía minera de México y podría hacer que las industrias nacionales dependan de las importaciones. También advirtió que una ley de ese tipo podría provocar una recesión en las regiones del país que dependen de la minería.
Con informes de Reuters, Forbes México, El Economista y Energía21
