La propuesta de aumento a las tarifas del transporte público llegará al Consejo Consultivo del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA)… aunque este órgano ya solo tiene voz, pero sin voto, en la toma de decisiones.
A partir de una reforma legal aprobada en 2019, cuando el órgano rector del transporte pasó de ser una Agencia al actual Instituto, el Consejo que tiene participación de ciudadanos dejó de ser la instancia final para decidir cada año el aumento a las tarifas y ahora solo puede emitir comentarios y recomendaciones.
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La decisión recae ahora en la Junta de Gobierno del IMA, pero desde su creación no ha aprobado un aumento y la próxima semana podría tener su primera actualización.
Las propuestas de llevar la tarifa de las rutas urbanas a 17 pesos con pago electrónico y 20 pesos con pago en efectivo; o a 24.50 y 25 pesos respectivamente, será presentada al Consejo Consultivo.
Ahí hay representación de todos los municipios metropolitanos, las cámaras empresariales, prestadores de servicio, usuarios, universidades y colegios de profesionistas, además de funcionarios estatales.
Según la Ley de Movilidad actual, su función es servir como foro para conciliar y equilibrar las opiniones y los beneficios de los sectores público, social y privado en la discusión relativa al servicio público de transporte y de vialidad.
Respecto a las tarifas, su función es solo emitir recomendaciones, pero el IMA está obligado a presentarle las propuestas antes de que se voten en la Junta de Gobierno.
”La Junta de Gobierno tendrá la atribución de (…) autorizar las tarifas del servicio de transporte público que proponga el Comité Técnico y que haya emitido opinión el Consejo Consultivo”, establece el Artículo 30 de la ley.
