Ciudad de México. Casi un centenar de organizaciones ambientales y de derechos humanos demandaron a los gobiernos federal y de Zacatecas la cancelación “definitiva e inmediata” de la construcción de la presa Milpillas, ya que –advirtieron– este proyecto pretende desviar 92 por ciento del caudal del río Atenco, ocasionaría la “devastación irreversible” del ecosistema y agravaría la crisis hídrica.
En un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum; el gobernador David Monreal, y los titulares de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, y de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez, las organizaciones apuntaron que el proyecto es “financieramente injustificado”, pues tendría un costo estimado superior a los 9 mil millones de pesos y quedaría inconclusa la obra, la cual se ha promovido como prioritaria en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.
Argumentaron que, con base en investigaciones de la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se ha “demostrado la inviabilidad técnica, científica y económica” del proyecto para resolver la problemática en la región.
El déficit de los acuíferos supera los 262.5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la presa apenas aportaría 41 millones de metros cúbicos, lo que implicaría la necesidad de al menos siete presas adicionales para cubrir la demanda mínima, explicaron.
El proyecto ejecutivo estipula que Milpillas sería una presa con una cortina de 90 metros de altura, e incluiría un acueducto de tubos de acero de 167 kilómetros de longitud, hasta la zona metropolitana de las ciudades de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe.
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), la red nacional Todos los derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otras, denunciaron que la promoción del proyecto ha estado acompañada por prácticas que han sido documentadas de “hostigamiento, coacción, intimidación y criminalización”.
Ello ha implicado, puntualizaron, el “condicionamiento de programas sociales, servicios básicos y obras públicas; intimidación directa a ejidatarias, ejidatarios y defensoras y defensores del territorio; amenazas, uso de la fuerza policial, hostigamiento y persecución por parte de la Guardia Nacional” contra habitantes de una decena de comunidades rurales del municipio de Jiménez del Teúl, Zacatecas.
“Estas acciones constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y podrían configurar responsabilidad administrativa, penal y estatal, además de vulnerar los estándares internacionales de protección a personas defensoras”, advirtieron.
La organizaciones externaron su preocupación por el titular de la PA en Zacatecas, Francisco Pérez Compeán, a quien acusan de ser promotor del megaproyecto, “condicionando la atención institucional y vulnerando la autonomía”, al “violentar” los acuerdos de asamblea ejidal.
Recordaron que los núcleos agrarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales han manifestado desde hace más de 10 años su rechazo “firme, libre e informado” al proyecto, pues también se verían afectados los medios de vida de las comunidades aledañas, así como el derecho humano al agua, al territorio, a la alimentación y la salud, consagrados en la Constitución.
