CDMX.-Un peritaje independiente presentado por la defensa de los escoltas detenidos por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, contradice la versión oficial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán respecto a cómo ocurrieron los hechos, según documentos y análisis privados obtenidos por este medio.
La Fiscalía estatal había sostenido que durante el ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan se produjeron siete disparos, de los cuales seis habrían sido realizados por el agresor y uno —el séptimo— por un escolta que, supuestamente, tomó el arma del atacante y lo ejecutó en el lugar, lo que llevó a plantear una posible ejecución extrajudicial y a la detención de los agentes de seguridad.
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Sin embargo, el peritaje privado presentado por la defensa, a cargo del abogado Gustavo Carrión, plantea que los siete disparos no provinieron de una sola arma, como sugiere la Fiscalía. El análisis balístico independiente identificó diferencias en los casquillos recuperados en la escena: seis proyectiles plateados con la leyenda “Luger Mon” y uno dorado con la marca “Águila”, lo que indicaría el uso de armas distintas.
Este hallazgo balístico cuestiona la hipótesis de que el agresor fuera ejecutado con su propia pistola, y con ello desmontaría una parte central de la narración oficial. La defensa sostiene que este contraste sugiere que los escoltas actuaron en cumplimiento de su deber y no con la intención de ejecutar al agresor como un homicidio doloso.
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La discrepancia radica en el llamado indicio número 9: mientras que los seis casquillos grises coinciden con el arma que habría portado el agresor, el casquillo dorado —que la Fiscalía atribuye al disparo que mató al atacante— no coincide con dicha pistola, de acuerdo con la comparación de marcas microscópicas en los proyectiles analizados por expertos privados.
La defensa también argumentó que una de las agentes resultó herida de bala en un brazo durante el enfrentamiento, lo cual, aseguraron, documenta que hubo una respuesta inmediata y real ante una agresión, reforzando su postura de que no existió dolo ni omisión por parte de los escoltas.
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A pesar de los nuevos argumentos presentados por la defensa, la Fiscalía de Michoacán ha mantenido su postura inicial. En rueda de prensa, el fiscal estatal afirmó que se respetan las pruebas presentadas por ambas partes, pero insistió en que será la autoridad judicial quien determine la validez del peritaje y la trayectoria de los hechos.
El caso continúa en proceso judicial, en medio de esta nueva controversia, que agrega elementos técnicos que podrían modificar la percepción de lo ocurrido y la responsabilidad de los escoltas involucrados. Con información de Excélsior
