Ciudad de México. El Colectivo Pena Sin Culpa acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de “alinearse” con la Presidencia de la República al permitir que la ministra María Estela Ríos participe en la próxima discusión sobre prisión preventiva oficiosa y sea ponente en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez vs. México, pese a que en 2022, como consejera jurídica del Ejecutivo federal, pidió no invalidar esa medida.
Ríos González fue recusada por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar, beneficiarios de la sentencia de la Corte Interamericana, quienes sostienen que defendió esa figura desde la Consejería Jurídica, por lo que, a su juicio, su participación compromete la imparcialidad y supone un posible prejuzgamiento.
“El tratamiento del caso con decisiones relevantes tomadas en sesiones privadas, la demora en atender las solicitudes de audiencia de las víctimas y la conducción del conflicto de interés de la ministra Estela Ríos evidencian la alineación a la postura política del Poder Ejecutivo en este tema, comprometiendo gravemente la institucionalidad de la Suprema Corte, su independencia como poder del Estado y su papel de garante de los derechos humanos y el orden público interamericano”, señaló.
A propuesta del presidente Hugo Aguilar, el Pleno determinó que haber firmado un comunicado como funcionaria federal no constituye impedimento, al considerar que su postura fue institucional y no como ministra. La mayoría sostuvo que no existe identidad entre el pronunciamiento emitido en el caso Tzompaxle Tecpile y el asunto García Rodríguez, ambos ante la Corte Interamericana, aun cuando en ambos se condenó al Estado mexicano y se debatió la prisión preventiva oficiosa.
El colectivo Pena sin Culpa recordó que en septiembre de 2025 la propia ministra planteó su posible impedimento en un asunto relacionado con seguridad nacional y fue declarada impedida.
“La resolución es contraria a los precedentes de la Suprema Corte y perfila una gestión de Hugo Aguilar en la que las y los ministros abiertamente cercanos al Poder Ejecutivo no solo no se excusan y se les releva de dicha obligación legal, sino que no se les declara impedidos a pesar de conocer de asuntos en los que hayan participado o prejuzgado”, señaló.
