Cerralvo, NL. La pedrera Matrimar, que acusó al gobierno de Nuevo León por extorsión, informó que ya retiraron sus sellos de clausura y que procederán legalmente contra el Ejecutivo neoleonés.
Así lo dieron a conocer este 25 de febrero a través de sus redes sociales, en donde señalaron que con la reapertura de sus instalaciones, más de 500 colaboradores se verán beneficiados directamente y que además, negaron los señalamientos de contaminación a la Sierra de Picachos, ubicada en el municipio de Cerralvo.
“Comunidad Matrimar informa que consiguió la reapertura de sus actividades productivas, a través de las autoridades judiciales en el Estado, haciendo valer el marco legal y sin intermediación de alguna clase política estatal, después de tres meses de cierre injustificado.
Informamos también que Matrimar ha interpuesto una demanda penal por extorsión, expediente integrado por evidencias que confirman el proceder ilegal de distintas autoridades de la clase política estatal, las falsedades expresadas públicamente por ellas en medios de comunicación en el sentido que Matrimar opera en el área natural protegida o que debe impuestos, solo ratifican los intentos de desviar la atención sobre los actos de extorsión”, detalló en el comunicado la pedrera.
En el comunicado, así como en los otros en donde ha dado a conocer el estatus de su caso, la empresa no ha hecho señalamientos hacia alguna persona que pertenezca al Ejecutivo de Nuevo León.
Desde el 11 de febrero, a través de sus redes sociales, la pedrera acusó al Gobierno de Nuevo León de extorsión luego de que diera a conocer que se realizó una visita de inspección de manera irregular a sus instalaciones un día antes.
A raíz de estas acusaciones, tanto el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, el diputado local y líder de Movimiento Ciudadano en el estado, Baltazar Martínez Ríos (a quien se le relaciona presuntamente de manera directa con la extorsión) y el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, han negado la existencia de una extorsión, incluso este último funcionario declaró el 19 de febrero que la pedrera debe 500 millones de pesos al SAT.
En cuanto a la postura de la empresa, el equipo de La Jornada se ha comunicado con ella dos veces, de las cuales, solo han emitido la repuestas de que “están trabajando en lo jurídico”, sin más detalles sobre el proceso o compartiendo datos sobre ese tema.
Trasciende que entre conflicto entre la pedrera y el Ejecutivo Estatal data desde hace más un año aproximadamente, en donde la compañía asegura tener todos los requisitos legales para continuar de manera segura la extracción de piedra caliza en la Sierra de Picachos, actual área natural protegida dictaminada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el pasado 1 de marzo de 2023.
Aunque Matrimar señaló en su reciente comunicado que no daña la Sierra de Picachos, desde 2022 La Jornada documentó que la contaminación pedrera generó un daño severo al entorno, a pesar del dictamen judicial.
