CDMX.- Luego de que el Senado de la República aplazó la discusión de la iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que incluye la figura de jueces sin rostro, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamó a aprovechar el tiempo para revisar a fondo las figuras inconvencionales que podrían vulnerar derechos humanos.
A través de su cuenta de X, el organismo sostuvo que es indispensable garantizar que cualquier modificación legal respete el debido proceso, la independencia judicial y las garantías fundamentales de las personas sujetas a investigación o proceso penal.
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El Centro Prodh señaló que el dictamen que actualmente circula en el Senado afirma cumplir con los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al prever medidas de seguridad para las personas juzgadoras y la revisión periódica de la reserva de identidad.
No obstante, el organismo subrayó que el estándar internacional no admite excepciones en esta materia, pues la figura de jueces sin rostro resulta, a su juicio, contraria a los principios de idoneidad, competencia, legalidad, independencia e imparcialidad judicial.
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Además, advirtió que la iniciativa contempla nuevos supuestos para la detención en flagrancia, lo que, afirmó, reduce los parámetros objetivos para su aplicación y amplía el margen de discrecionalidad de las autoridades.
Indicó también que el dictamen extiende las excepciones para solicitar control judicial sobre actos de investigación, lo que incluiría diversas diligencias realizadas sin autorización previa de un juez.
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Si bien reconoció que propuestas como estas pueden resultar atractivas frente al contexto de violencia que enfrenta el país, el Centro Prodh enfatizó que no deben adoptarse a costa de debilitar las garantías judiciales ni de flexibilizar los controles al poder punitivo del Estado.
Finalmente, el organismo reiteró su llamado al Poder Legislativo para que, en el contexto del aplazamiento de la discusión, se realice un análisis profundo, técnico y con perspectiva de derechos humanos, antes de avanzar en una reforma de alto impacto para el sistema de justicia penal. Con información de El Universal
