Santiago. Cuando esta semana el presidente chileno, José Antonio Kast, envió al Parlamento un proyecto que, en lo inmediato y esencial, de aprobarse, reducirá en 4 mil millones de dólares -poco más de uno por ciento del producto interno bruto (PIB)- los ingresos fiscales al bajar del 27 al 23 por ciento el impuesto a la renta a las grandes empresas, favoreciendo a unas mil 500 personas -el 0.001 por ciento de la población- accionistas de aquellas; su autor intelectual y ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo afirmaciones que retratan el fundamentalismo del plan.
Tras mencionar que era de “un día muy especial, que espero sea recordado” porque pondrá fin a “la decadencia que nos acompaña por largos años”, resumió que su plan devolverá “la competitividad tributaria necesaria para que vuelva a haber inversión” y para que deje de haber “discrecionalidad funcional”.
Como broche de oro, Quiroz afirmó que “vamos a recuperar ese pleno empleo, porque para nosotros, como lo ha dicho el Presidente antes, la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo”; es decir, cualquier otra deja de existir.
Según el economista Rodrigo Echecopar, master en administración pública por University College London, Reino Unido, ex jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda durante la administración de Gabriel Boric y militante del izquierdista Frente Amplio, la noción de suprimir toda política social lo retrata todo.
“Demuestra una intención que todos los actores políticos y sociales deben mirar con mucha atención. Porque plantear que la única política social debiese ser el pleno empleo, es decir, que iniciativas como la pensión garantizada universal, que es la médula del sistema de pensiones para los sectores más populares en Chile, no debiese existir; o que la gratuidad en la educación superior para los sectores que no tienen los recursos, no debería existir; o que entregar 40 mil viviendas al año a los sectores con dificultad para acceder, no debiese existir; ese es el verdadero botón de alerta. Aquí se está iniciando un proceso que va a tener un perjuicio fiscal de largo plazo limitando la capacidad del Estado de impulsar políticas sociales que son importantísimas”, dice, en diálogo con La Jornada.
¿Es la demostración del ideologismo del proyecto?
Estoy de acuerdo, es una frase que refleja una ideología que busca reducir el impuesto a la gran empresa y que conlleva en el mediano plazo una reducción de beneficios sociales importantes.
¿Hay evidencia académica de que bajar impuestos aumenta la inversión?
Sí, existe, sin embargo, es mixta respecto del impacto final. Dadas condiciones concretas, en ciertos países puede aumentar el crecimiento moderadamente, en otros puede reducirse o mantenerse. Lo que enfrentamos es un proyecto que generará un hoyo fiscal muy grande, que implica un recorte del gasto social, eso es una certeza para el Estado, pero con incertidumbre sobre su impacto en el crecimiento.
¿Dónde se constata ese ideologismo y qué expresa en términos de visión país?
La reducción de impuestos es reeditar la receta del chorreo, de que bajándolos tanto a las grandes empresas como a las personas de más altos recursos, se termina agilizando el crecimiento y de alguna manera llegando a los sectores medios y populares.
¿Qué propuestas son los que demuestran esta idea?
Primero, la disminución a las grandes empresas, del 27 al 23 por ciento. El 80 por ciento de los recursos que le cuesta al Estado hacer esta reducción, le va a llegar a menos del uno por ciento de los contribuyentes de más altos ingresos.
La segunda propuesta es la reintegración del impuesto a la renta. Eso significa que todos los impuestos que pagan las empresas son un crédito para los impuestos personales.
¿A quiénes beneficia eso? Nuevamente, a quienes tienen más altos ingresos personales.
Y las contribuciones de la primera vivienda, que son impuestos al patrimonio. En Chile la manera en que funcionan es que los bienes raíces de más alto valor, alrededor del 20 por ciento, pagan un impuesto anual, y se está eliminando.
El componente ideológico es que se visualiza el crecimiento desde una perspectiva que es mayoritariamente desde la reducción de impuestos.
¿Desde la teoría económica, sustentarlo en el chorreo, es como retornar a las raíces primarias de lo ultra neoliberal?
Esta experiencia la hemos visto en el pasado, lo hizo Reagan y Thatcher, más recientemente Trump, la evidencia muestra que en ningún caso la reducción de impuestos y el impacto que pueda tener sobre el crecimiento, compensará los menores ingresos fiscales, siempre, en todos los casos, deja un hoyo fiscal. El único ejemplo donde sí se compensó es el caso de Irlanda, pero que básicamente se convirtió en un paraíso fiscal para poder entrar a la Unión Europea y no es comparable con otros países. Lo que tenemos sobre la mesa es una propuesta que sin discusión, reducirá los ingresos fiscales y eso para un país como Chile, que tiene un ingreso fiscal acotado, implicará una reducción o un recorte a beneficios sociales.
¿Cómo entender que el ministro Quiroz lograra convencer al Presidente de apoyar un proyecto que en lo inmediato,deteriorará las finanzas públicas sin ninguna perspectiva inmediata de lograr más empleo y crecimiento?
En el mejor de los casos, demorará alrededor de diez años empezar a generar ingresos fiscales por sobre los costos fiscales. Eso es optimista porque el informe financiero que han presentado, tiene estimaciones de crecimiento que no se condicen con la evidencia y que no han sido revisadas por economistas de manera independiente, hay propuestas que no hay consenso de generar crecimiento, pero lo dan como una certeza.
Hacienda impuso a los ministerios una reducción de 3 puntos en los presupuestos. Si se concreta ese menor gasto público, ¿compensa lo que dejará de recaudarse?
La respuesta rápida es no. Tres por ciento del gasto público es alrededor de 2 mil 500 millones de dólares, más o menos, y aquí los costos en el mediano plazo son de 3 mil 500 millones de dólares, es decir, 1 por ciento del PIB. En Chile ya tenemos un déficit fiscal (2.7 por ciento del PIB) y si no se generan nuevas fuentes de ingresos, estaría profundizándose en 3 mil 500 millones de dólares que no serían cubiertos por la reducción de 3 puntos de los presupuestos.
¿Hay un riesgo de un mayor endeudamiento público?
Efectivamente aquí el riesgo es que aumente la deuda, esa es una de las preocupaciones que está sobre la mesa en la discusión pública actualmente. En distintos países ha habido líderes que han planteado una preocupación grande por el déficit fiscal, pero el resultado ha sido una profundización del deterioro fiscal. Por ejemplo, Trump, en sus dos periodos presidenciales el discurso es una preocupación del déficit fiscal, pero lo concreto es un empeoramiento de la situación fiscal. Recientemente un estudio elaborado por Harvard, Princeton y el National Bureau of Economics en Estados Unidos, identifica que de la reducción tributaria de Trump, solo se compensó un 5 por ciento por mayor crecimiento.
Es decir, el 95 por ciento de los menores ingresos no fueron compensados ni por crecimiento, ni por nuevos ingresos laborales, ni por ninguna de las alternativas, y eso significa un empeoramiento fiscal relevante. Y en un país como Chile eso tiene consecuencias sociales. Sobre todo considerando que Chile es un país que en general tiene un gasto fiscal bajo, no es un país con un abultado gasto fiscal.
Pero es un gasto fiscal que tiene un efecto importantísimo en compensar los bajos ingresos de una buena parte de la población, ¿no?
Es un gasto fiscal muy relevante para el bienestar social, enfocado en pensiones, en salud, en educación, que son las principales carteras en cuanto al gasto público. Y todas esas áreas evidentemente se ven afectadas por una trayectoria de empeoramiento fiscal.
Desde el oficialismo y el gran empresariado han salido a decir que el proyecto está enfocado en mejorar la situación de la clase media y de los sectores más pobres.
Es cuestionable esa premisa y mi impresión es que no es cierta, porque los principales impactos tributarios son reducciones a las grandes empresas. Y quiero dar un ejemplo:
una de las 50 disposiciones es un crédito tributario con el que se buscaba fortalecer la creación de empleo. Sin embargo, el ministro de Hacienda reconoció en el Congreso, que ese crédito tributario no está diseñado para generar nuevos empleos, sino para reducir la carga tributaria de las empresas que contratan en el rango de salario cercano al mínimo.
Entonces, se van a generar incentivos para que los salarios, en vez de crecer, se acerquen al mínimo, y eso cuesta alrededor de mil 500 millones de dólares. Entonces, de este hoyo fiscal de 3 mil 500 millones de dólares, la mitad se está yendo a una iniciativa que no está diseñada para crear empleo, sino para reducir los tributos de las empresas.
Y ahí es donde es difícil defender que está enfocado en la creación de empleo o la clase media, sino más bien está fundado en una visión ideológica de que el crecimiento va a generarse con aún más reducciones tributarias.
La oposición, la centro-izquierda, más allá de denunciar el proyecto como lo está denunciando, ¿cómo debería plantearse en su trámite legislativo?
Creo que va a depender de la disposición que tenga el Ejecutivo a dialogar. Doy un ejemplo: las dos principales reformas que van a mejorar la capacidad de crecimiento de Chile en el futuro, fueron aprobadas en el gobierno del presidente Boric, primero, la que moderniza el sistema de entrega de permisos sectoriales, y segundo, la reforma al sistema de pensiones que va a aumentar el ahorro nacional.
Entre ambas se calcula que tendrá un impacto de cuatro puntos del PIB en alrededor de una década. ¿Cómo se hizo eso? Con mucho diálogo y acuerdos transversales, dando estabilidad a políticas públicas que mejoran nuestra capacidad de crecimiento. Y eso es un punto de partida para el cual cualquier sector político debiese estar disponible. Y la oposición lo ha dicho públicamente, están abiertos a conversar sobre una agenda de crecimiento, pero no una agenda de crecimiento ideológica que le entregue un regalo a los más ricos del país, sino una agenda de crecimiento que incorpore y se haga cargo de los distintos desafíos.
Aquí se está incluyendo una disposición que le garantiza invariabilidad tributaria a proyectos de inversión por 25 años. Es un amarre de nuestro sistema tributario por 25 años en estos casos. Eso no se puede revisar en dos o tres semanas sino que requiere que se pueda mirar en profundidad para ver cuáles son los impactos fiscales en crecimiento y en el sistema económico para no cometer errores de los cuales después nos vayamos a arrepentir.
Solo quisiera agregar que un principal rol que tiene la oposición y todos los parlamentarios y actores políticos responsables es que este proyecto se tiene que revisar en profundidad. Se va a tener un impacto de larguísimo plazo.
