Puebla. Desde 2019 y hasta 2025, la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, de Teteles de Ávila Castillo, ha sido escenario de una relación conflictiva y sostenida con los gobiernos estatales que han encabezado Luis Miguel Barbosa Huerta, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Alejandro Armenta Mier. A lo largo de este periodo, las alumnas normalistas han reiterado demandas académicas, administrativas y de infraestructura, así como exigencias de respeto a sus derechos como estudiantes, sin que se haya alcanzado una solución integral.
El conflicto se hizo visible en 2019, cuando estudiantes de la Normal Rural denunciaron carencias históricas en el plantel: falta de mantenimiento en dormitorios y aulas, insuficiencia de recursos para prácticas pedagógicas, deficiencias en el comedor y retrasos en la entrega de apoyos alimentarios y becas. Ese año realizaron movilizaciones y solicitaron mesas de diálogo con autoridades estatales, en particular con la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, para revisar las condiciones materiales y académicas de la institución.
Durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, las protestas derivaron en bloqueos carreteros, marchas en la capital del estado y toma de instalaciones públicas como mecanismo de presión. Las estudiantes demandaron plazas automáticas para egresadas, defensa del modelo de educación normal rural y cese de lo que calificaron como criminalización de la protesta estudiantil.
En varias ocasiones, las movilizaciones concluyeron con acuerdos parciales que incluían compromisos de inversión en infraestructura, revisión de expedientes académicos y garantías de no represalias, pero las normalistas denunciaron luego el incumplimiento de varios puntos. Entre 2020 y 2021 el conflicto se mantuvo latente: las alumnas señalaron retrasos en la atención de acuerdos previos, falta de avances sustantivos en la rehabilitación de instalaciones y en la regularización de servicios básicos.
En ese periodo se documentaron episodios de tensión durante operativos de seguridad, con reportes de detenciones y enfrentamientos en el contexto de protestas y bloqueos, lo que profundizó la desconfianza hacia las autoridades estatales. Tras el fallecimiento de Barbosa Huerta y la llegada de Sergio Salomón Céspedes Peregrina al gobierno de Puebla, en diciembre de 2022, las normalistas retomaron el diálogo con la expectativa de abrir una nueva etapa en la relación institucional.
Entre 2023 y 2024 se instalaron mesas de trabajo con funcionarios de la SEP y de la Secretaría de Gobernación estatal. Las estudiantes reiteraron sus demandas históricas: mejoras en infraestructura, respeto a la matrícula y al internado, claridad en los procesos de titulación y garantías para la inserción laboral de las egresadas.
Aunque se anunciaron acciones de mantenimiento y apoyos específicos, las alumnas denunciaron avances limitados y la persistencia de problemas estructurales en la Normal. En distintos momentos, las protestas se reactivaron ante la falta de cumplimiento puntual de los compromisos, lo que derivó de nuevo en bloqueos y manifestaciones públicas.
En 2025, ya bajo la administración de Alejandro Armenta Mier, el conflicto volvió a escalar. Las normalistas sostienen que, pese al cambio de gobierno, siguen sin resolverse demandas acumuladas desde años anteriores y reclaman un diagnóstico integral del plantel, con presupuesto etiquetado para infraestructura y un mecanismo permanente de seguimiento a los acuerdos.
También exigen el cese de discursos oficiales que, a su juicio, las presentan como un grupo conflictivo, y garantías para ejercer su derecho a la protesta sin criminalización. A lo largo de este sexenio, la Normal Rural de Teteles ha mantenido presencia constante en la agenda pública estatal, con demandas reiteradas frente a respuestas gubernamentales basadas en acuerdos parciales, anuncios de inversión y llamados al diálogo que no han resuelto el conflicto.
El recuento de estos años muestra una relación marcada por episodios recurrentes de tensión, negociación y movilización en un contexto donde las condiciones de la educación normal rural y la atención institucional permanecen como temas pendientes.
El camión, promesa sexenal
El 18 de noviembre pasado, la Secretaría de Educación Pública de Puebla anunció la compra de un autobús para la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, de Teteles de Ávila Castillo. La adquisición es un compromiso del Poder Ejecutivo incumplido desde 2019 por los gobiernos de Luis Miguel Barbosa Huerta y Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
El transporte es una exigencia histórica para garantizar la movilidad académica de las estudiantes, provenientes de comunidades rurales y dependientes de la institución para sus traslados. El comunicado 1118/2025 de la SEP informó que, tras un encuentro con el Honorable Consejo Estudiantil Juventud Rebelde, se acordó la compra del autobús, la solicitud al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) para validar el proyecto de una techumbre en la zona deportiva y la reorientación de recursos para la capacitación del personal docente.
“El gobierno del estado refrenda su compromiso de atender y respaldar a la comunidad educativa”, indicó la dependencia encabezada por Manuel Viveros Narciso, titular de la SEP Puebla. Sin embargo, las normalistas dijeron a La Jornada de Oriente que el secretario no estuvo presente en la reunión, lo que alimenta su desconfianza hacia las promesas institucionales.
A través de sus voceras, las estudiantes reconocieron el anuncio del autobús, pero subrayaron que no tienen certeza de que la compra se concrete ni de que el vehículo se use de forma exclusiva para actividades académicas. Manifestaron su temor por un posible uso político y administrativo del transporte prometido.
“Nos preocupan las licitaciones para que se firme el contrato del autobús y que realmente sea para las alumnas y no para otros fines”, expresaron. En su posicionamiento, las normalistas recordaron otros asuntos estancados desde agosto, cuando la SEP rompió de manera unilateral el diálogo.
Entre esos pendientes señalaron la presencia de matrícula externa en segundo año, derivada de la Recomendación 13/2025 de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, y exigieron que esas personas sean trasladadas a otro plantel, pues consideran que violan el reglamento del normalismo rural. Denunciaron además la promoción de la deserción en primer año, atribuida a personal ajeno enviado por la Dirección de Formación Docente.
Las estudiantes indicaron que no hay avance en la destitución del equipo directivo, encabezado por Brenda Inés Nájera Torres, a quien acusan de hostigamiento, intimidación y violaciones al modelo educativo. Reprocharon la falta de reconocimiento oficial a la lucha normalista, mientras —señalan— el secretario Manuel Viveros rinde homenajes a maestros comunistas asesinados en Teziutlán en 1935, “pero ignora a sus herederas contemporáneas, las normalistas rurales”.
Las portavoces reiteraron que la SEP solo envió representantes, sin la presencia del secretario ni del subsecretario. “Las demandas siguen igual”, afirmaron, y adelantaron que habrá una nueva reunión la próxima semana.
