Ciudad de México. La decisión de los ministros de no utilizar las nuevas camionetas blindadas de 2.4 millones de pesos obedeció a que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no hacemos oídos sordos” a la crítica de la opinión pública y a que la austeridad “no es un acto simbólico”, afirmó este lunes el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien incluso señaló que podrían trasladarse en autobús o en Metro para el desempeño de sus labores.
El ministro Hugo Aguilar Ortiz, junto con otros cinco ministros y el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de la SCJN para sostener que fue justificada la compra de las camionetas, como parte de la renovación de 571 unidades del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Argumentaron que la compra fue razones de “seguridad vial” y no por inseguridad, al sustituir modelos de 2009 y 2023 y por medidas de austeridad que permitirán ahorrar más de mil millones de pesos en los próximos tres años. Aguilar Ortiz enfatizó que los “excesos” eran de la antigua Corte, no de la nueva.
“Estuvimos negociando hasta el último minuto para que fuera a un menor costo. Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Y yo en lo personal puedo andar hasta el Metro, no tengo problema”, dijo Aguilar Ortiz.
También explicó que desde 2010 los ministros cuentan con medidas de seguridad acordes con la responsabilidad del cargo, incluido el uso de vehículos blindados. Dijo que la integración de la Corte anterior contaba con 43 unidades, pero al inicio de la actual integración se recibieron 39, ya que cuatro —“en mejores condiciones”— fueron compradas por los hoy ministros en retiro.
Ello provocó que el ministro Arístides Guerrero García afirmara que sus antecesores, encabezados por Norma Piña, “se llevaran” los mejores cuatro vehículos que usaban y obras de arte, al contestar dos preguntas expresamente dirigidas a él.
Sin embargo, Aguilar Ortiz tuvo que salir a aclarar que no, que las declaraciones de su par no se referían a un robo sino a una compra, que les permite un acuerdo interno de la Corte.
“No, el acuerdo es que las compran (las camionetas), que se hace un avalúo interno y las compran. El costo es bajo, pero hay un acuerdo plenario, no de éste pleno, del pleno anterior, que podían adquirir sus vehículos, se llevaron cuatro vehículos, obviamente las que estaban en mejores condiciones… compradas, no se las robaron, hay que puntualizar”, corrigió Hugo.
Empero, pese a los cuestionamientos de la prensa, Arístides Guerrero no precisó a qué obras de arte se refería ni qué ministros estarían involucrados, ni aclaró si existen denuncias presentadas al respecto. Indicó que las auditorías en curso serán las que revelen esa información. En cuanto a los vehículos, sostuvo que fueron adquiridos por administraciones anteriores a un costo real muy bajo, una práctica que —dijo— no se permite en ningún otro ámbito laboral.
“¿En qué trabajo permiten adquirir un automóvil a un precio mucho menor del que se encuentra generalmente cuando se hacen esos convenios? Entonces es importante es importante decirlo. Creo que esa es una de las políticas de austeridad que deben implementarse en tanto evitar este tipo de de situaciones que se viven”, cuestionó.
Seguridad vial, no inseguridad
Hugo Aguilar sostuvo que los vehículos disponibles, modelos 2019, 2020 y 2021, presentaban un alto deterioro y fallas mecánicas, además de que el blindaje había rebasado su vida útil, lo que fue confirmado por evaluaciones técnicas y análisis de riesgo realizados por instancias internas y autoridades de seguridad.
Con base en esos dictámenes, agregó que se decidió renovar el parque vehicular mediante la adquisición de nuevas unidades y la desincorporación de la mayoría de las existentes; 21 de ellas serán puestas a la venta. No obstante, dijo, ante los cuestionamientos públicos, y en acuerdo con el Pleno de ministros, se resolvió no utilizar los vehículos recientemente adquiridos y actuar con austeridad, sin que ello comprometa la seguridad ni el funcionamiento institucional, especialmente ante el incremento de viajes terrestres al interior del país.
Aclaró que la sustitución de los vehículos obedece a razones de seguridad vial, no a la inseguridad en el país, y relató que en un traslado a Huejutla su camioneta quedó varada por la ruptura de un rin. Precisó que son unidades diseñadas para uso urbano, poco aptas para viajes de campo, y sostuvo que la decisión está justificada.
“La decisión no fue una decisión subjetiva, arbitraria ni caprichosa para adquirirlo, está justificado. Ahora, lo que queremos reiterar, decir, es que el ministro pueda andar como cualquier ciudadano común, podemos ir a campo si hay necesidad en autobús, en vuelo o en nuestros propios vehículos”, señaló.
Reiteró que la seguridad no equivale a lujo y que la austeridad no debe afectar su operación. Además, anunció que los vehículos adquiridos podrán ponerse a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, dentro del marco legal, y que las decisiones administrativas seguirán guiándose por criterios de racionalidad, eficiencia, transparencia e interés público, sujetas al escrutinio de la ciudadanía.
Sin embargo, pese a ser cuestionados, los ministros no aclararon qué vehículos usarán para el desempeño de sus labores.
En tanto, el presidente del OAJ, Néstor Vargas, justificó que la compra de los autos modificó el esquema de arrendamiento de automóviles para pasar a la compra de unidades, lo que permitirá que los vehículos sean patrimonio del PJF y generará ahorros cercanos a mil millones de pesos en los próximos años, bajo criterios de austeridad, eficiencia y transparencia.
