La discusión sobre el pacto y la estructura fiscal “políticamente no es rentable”, pero se debe revisar no sólo para mejorar la eficiencia recaudatoria de lo que actualmente existe, sino para “más adelante” ampliar el debate a “temas de mucho mayor envergadura”, reconoció Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México y asesor de Claudia Sheinbaum.
“Hay un espacio todavía de mejora de la eficiencia recaudatoria (…) aplicar mejor lo que ya está en las leyes”, enfatizó el académico, que es parte del equipo de campaña de la candidata de Morena a la presidencia, y tiene entre sus funciones coordinar mesas de diálogo como base de un plan de desarrollo.
Esquivel consideró que entre los instrumentos tributarios existentes, pero que se ven afectados por el diseño institucional, se cuenta el predial, cuyo cobro se deja a municipios, sin que éstos tengan la capacidad para captarlo. Con ese ejemplo, el académico enfatizó que aún hay espacio para hacer más eficiente la recaudación bajo el actual diseño fiscal, al margen de que “más adelante tendrían que discutirse otros temas de mucho mayor envergadura”.
Cualquier debate sobre un nuevo pacto social que incluya el componente fiscal como herramienta de redistribución del ingreso y reducción de la desigualdad debe tener al centro la progresividad –que paguen más quienes más tienen–; hacer del “bienestar” un bien jurídico tutelado, como la vida, y promover la transparencia también por el lado de ingresos, “¿quién y cuánto paga al fisco?”, debatieron académicos, entre ellos Esquivel, en un seminario del Colegio de México (Colmex).
Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda y Crédito Público bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, negó que la promesa de una reforma fiscal se quedara empantanada en esta administración; explicó que se hicieron modificaciones en áreas técnicas. Por ejemplo, las cláusulas antiabuso –bajo las que cualquier planeación tributaria tiene que ser revelada al Servicio de Administración Tributaria y éste decide si es legal o no– generaron ingresos por 300 mil millones de pesos, comentó.
El ahora director para la Práctica Global de Gobernanza del Banco Mundial destacó que al margen de que la desigualdad tiene efectos en el crecimiento, “la polarización económica está dando lugar a un incremento de la polarización política, lo que dificulta redefinir el contrato social”.
De manera similar, Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, expuso que la desigualdad también interviene con la “viabilidad política de un país”. La pregunta está en qué niveles de disparidad puede aguantar una democracia. Enfatizó que en ese punto el Estado debe dejar de escatimar la garantía de derechos bajo un argumento presupuestal, como lo podría hacer el sector privado.
Parte del consenso de cara a un nuevo pacto social es ver el “bienestar” como bien jurídico tutelado, acentúo Haas. En ese debate también se requiere cambiar el lenguaje alrededor del pago de impuestos, dejar de asumir que los ricos traen la innovación a las economías y no romantizar casos en los que se rompen las barreras de la desigualdad. “No es heroico querer tener una vida digna”, zanjó.
Raymundo Campos, académico del Colmex, destacó que en general hay una demanda de reducir la desigualdad entre la población mexicana; en ese punto, cualquier discusión sobre un nuevo pacto social debe tener al centro la progresividad –que los que más tienen paguen más–, pero también transparentar los ingresos “¿quiénes pagan y cuánto pagan?”, como una parte de incentivar el cumplimiento.
Entre las propuestas que por años se han barajado para redistribuir el ingreso y promover un piso parejo de acceso a los sistemas educativos y a la fuerza de trabajo, se cuenta un sistema nacional de cuidados en un país donde la participación laboral femenina se enlista entre las más bajas de América Latina y el Caribe, por la carga de tareas de custodia y crianza que se recarga en las mujeres.
Herrera expuso que en su momento se hizo una evaluación de cuánto podría costar tal sistema, y resultó en un punto del producto interno bruto –alrededor de 250 mil millones de pesos—que si bien es una inversión grande, “tampoco (es) lejana de ser implementada”. Héctor Villarreal, profesor del Tecnológico de Monterrey, consideró que el realineamiento que traería a la actividad económica del país “un sistema de cuidados bien diseñado e implementado (…) puede ser gigantesco y yo creo que muy positivo”.
