El Instituto Nacional Electoral (INE) ha prohibido a los funcionarios que estén relacionados con programas sociales ser representantes de casilla por parte de los partidos políticos en las elecciones del 2024.
Además, por primera vez, se les requerirá firmar una carta compromiso con la siguiente declaración:
“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, ni persona servidora de la nación”.
En la sesión del Consejo General, se determinó que no podrán ser representantes de partidos aquellos que sean “personas servidoras públicas, operadoras de programas sociales y actividades institucionales similares, así como servidoras de la nación”.
Según la ley, en elecciones concurrentes, donde se eligen cargos federales y locales, los partidos nacionales pueden nombrar a dos propietarios y dos suplentes, así como un representante general por cada 10 casillas en áreas urbanas y uno por cada cinco en áreas rurales.
También se permitirá la presencia de representantes de partidos locales y candidatos independientes.
Para las elecciones del próximo año se instalarán 171,000 casillas.
Los representantes de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) han exigido eliminar este requisito, argumentando que muchas personas trabajan en el gobierno para brindar apoyo a los ciudadanos, especialmente en comunidades pequeñas.
“No vamos a apoyar una narrativa en la que, pues, ya cualquier servidor público esté absolutamente impedido para participar como representante de casilla de los partidos políticos de cualquiera de ellos, porque es una medida excesiva en contra de sus derechos político-electorales, y no está establecido así en la sentencia de la Sala Superior”, afirmó Eurípides Flores, del partido Morena.
Su compañero de partido, Hamlet García, insiste en que ser funcionario no implica cometer alguna falta electoral al representar a un partido.
“Si vamos a una comunidad con mil habitantes, pues puede que encuentre 100 personas que están vinculadas con el abasto alimentario y programas sociales en una comunidad rural, y eso va a implicar que el 10 por ciento de la población no pueda participar en tareas de representación”, añadió García.
Los partidos de oposición y los consejeros coinciden en que la misión del INE es garantizar que el mayor número de personas que influyen en el proceso electoral sean imparciales y no actúen de manera indebida.
Víctor Hugo Sondón, del partido PAN (Partido Acción Nacional), recordó que Marcelo Ebrard ha denunciado cómo los servidores de la nación hicieron proselitismo a favor de Claudia Sheinbaum, lo que sugiere una posible intervención indebida si participan como representantes de partido.
“La autoridad electoral está buscando evitar la intromisión de agentes prohibidos por la ley que puedan coaccionar y manipular el voto. No podemos ocultar la realidad, existe un uso clientelar del padrón de beneficiarios de programas sociales federales utilizado a favor de los candidatos del partido político Morena”, afirmó Sondón.
Finalmente, el consejero Uuc-Kib Espadas aclaró que la restricción no se aplica a cualquier funcionario público, sino a aquellos que manejen programas sociales.
Con información de Reforma.
